Las AFP perdieron su razón de ser

La competencia entre las AFP y Colpensiones es una ficción: a casi nadie le conviene pensionarse en una AFP.

por Eduardo Lora

El BID se lo ha dicho muy claro al Gobierno: “Colombia necesita una reforma del sistema pensional para solucionar los problemas de la falta de cobertura, la alta inequidad del sistema, los potenciales riesgos de sostenibilidad fiscal (…) y la competencia desigual entre el régimen de prima media [Colpensiones] y el régimen de ahorro individual con solidaridad [AFP]”.

En vez de una reforma integral, durante años se han hecho remiendos incoherentes que han dado como resultado un sistema pensional que sólo está protegiendo a los ricos y que ha dejado sin razón de ser a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Como lo reconocen las mismas AFP, para quien gana más de 1,5 salarios mínimos es conveniente pasarse a Colpensiones 10 años antes de jubilarse hasta completar 1.300 semanas de cotización (unos 26 años). Como las condiciones de jubilación de Colpensiones son tan generosas respecto a las cotizaciones, el Gobierno tiene que pagar la diferencia. Entre mayor sea el salario de cotización, mayor es el subsidio. Quienes cotizan sobre el máximo permitido de 25 salarios mínimos reciben un subsidio de hasta $1.000 millones. Esta es una de las grandes inequidades del sistema, aunque no la mayor.

Los trabajadores de salarios hasta 1,5 salarios mínimos, que son la mayoría, tienen en teoría mejores posibilidades de jubilación en las AFP, donde necesitan solo 1.150 semanas de cotización (unos 22 años) para conseguir una pensión equivalente al salario mínimo. Aunque esos aportes (y sus rendimientos normales) cubren menos de la mitad del costo de la pensión, está previsto que la diferencia la pague el Fondo de Garantía de Pensiones Mínimas. Suena muy bien, excepto que cuatro de cada cinco trabajadores no completan esas semanas de cotización, y quienes las completan no reciben una pensión vitalicia porque esta modalidad no la ofrece ninguna AFP. Las opciones que se ofrecen son retirar el dinero capitalizado (descontados los elevados costos de administración y seguros) o aceptar una “renta programada” que puede agotarse antes de que muera el beneficiario. Por eso, Colpensiones es una mejor opción incluso para los trabajadores de bajos salarios.

Por consiguiente, las AFP no están protegiendo prácticamente a nadie contra la inseguridad financiera de la vejez. Con 22 años de funcionamiento, han concedido pensiones de vejez a sólo 66.000 personas (y pensiones de invalidez a unas 25.000 personas).

Las AFP son actualmente un tinglado innecesario. La supuesta competencia entre el régimen de prima media y el de las AFP ha sido una ficción. Debido a los subsidios del Gobierno, las pensiones dependen muy poco del rendimiento financiero de los ahorros. Por decisiones de la Corte Constitucional, las pensiones no pueden bajar ni ser inferiores al salario mínimo, impidiendo que haya rentas vitalicias o rentas programadas adecuadas. Aunque el Gobierno ha tratado de tapar estas deficiencias con más subsidios, hay mucha inseguridad jurídica.

Por todas estas razones, las pensiones no son el principal negocio de las AFP. Su verdadero negocio es recibir ingresos del Gobierno: este les cede el manejo de unos recursos producto de un gravamen laboral, pero el rendimiento de esos recursos resulta en gran medida de que las AFP le prestan de vuelta la plata al Gobierno directa o indirectamente, bien sea en títulos de deuda o crecientemente como financiamiento para obras públicas (que no tendrían que hacer por concesión si el Gobierno tuviera el dinero). En fin de cuentas, las ganancias de las AFP son básicamente el resultado de una transferencia del Gobierno a Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Empresarial Antioqueño, que tienen 86% del negocio. Esa es la mayor inequidad del sistema.

Debido a la difícil situación fiscal, el presidente Santos y el Congreso tendrán que decidir a quién recortarle el chorro. La vía más expedita para reducir los beneficios de los trabajadores de bajos salarios sería eliminar la exigencia de que la pensión sea por lo menos igual al salario mínimo (lo cual implicaría una reforma constitucional o un complicado pleito con la Corte).

Si se decide recortar los subsidios a los jubilados de salarios altos, las pensiones de Colpensiones tendrían que reflejar de cerca los esfuerzos de contribución. Una forma muy sencilla sería un sistema de “cuentas nocionales” en que los derechos pensionales se van acumulando con los montos cotizados más algún rendimiento, que no sería la tasa de interés de mercado sino un rendimiento consistente con la estabilidad fiscal de mediano plazo del sistema de prima media. Esto permitiría que las AFP compitan en condiciones parejas con Colpensiones (excepto por el nivel y la estabilidad del rendimiento) y recuperen su razón de ser. Las AFP también podrían operar como un pilar complementario para los trabajadores de altos ingresos.

Si no hay forma de hacer nada de esto, las AFP deberían dejar de recibir contribuciones obligatorias de los trabajadores, lo cual automáticamente reduciría el déficit de Colpensiones y por consiguiente el déficit fiscal. Y el Gobierno dejaría de pagarles intereses a las AFP por unos recursos de origen público que actualmente no están sirviendo para proteger a los trabajadores durante la vejez.

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