sábado, 15 de mayo de 2021

Digitalización de los pagos

Según el Conpes de inclusión financiera en Colombia la mayor parte de los pagos se realizan en efectivo, a pesar de los costos que esto implica.

La industria celebra la reciente expedición del decreto 1692 de 2020 en virtud del cual se logra la necesaria actualización de la regulación de los Sistemas de Pago, en esencia, con la finalidad de que su funcionamiento corresponda a las nuevas realidades de la economía digital.

Esta regulación se da en la línea de la Política Pública expedida por el Gobierno Nacional en el Conpes 4005 de 2020 sobre Inclusión Financiera que tiene contemplado como uno de sus objetivos fundamentales ampliar la oferta de productos y servicios financieros a la medida y mejorar su pertinencia para aumentar la inclusión financiera de personas y empresas, así como fortalecer la infraestructura financiera y digital para incrementar el acceso, uso y eficiencia de los servicios financieros formales.

Es sabido que Colombia tiene un rezago en la adopción de pagos digitales, que no se compadece con las dinámicas de crecimiento del comercio online, que tuvo una tasa para el año 2020 del 30%. Según el Conpes de inclusión financiera en Colombia la mayor parte de los pagos se realizan en efectivo, a pesar de los costos que esto implica. El documento indica que el 90.3 % del volumen de pagos de las personas y el 50 % de las empresas se realiza en efectivo.

Este desfase en inclusión financiera sin duda ha dificultado el despliegue del comercio electrónico, que por esta razón actualmente debe ofrecer diferentes alternativas de pago para evitar frustrar así las operaciones de intercambio económico. Esta situación muy común en los países de la región, pero atípica para lo que en esencia constituye el comercio electrónico -pactar y pagar en línea- no permite aprovechar las ventajas que en términos de desarrollo económico podrían entregar los intercambios digitales a la sociedad, relacionadas con la trazabilidad, la formalización y el crecimiento.

En virtud de esto, este nuevo instrumento regulatorio plantea importantes disrupciones en la aproximación que debemos hacer desde la industria hacia los pagos digitales, amplía la posibilidad de participación de nuevos actores que están en posibilidad de desplegar alternativas de aceptación de pagos para que todos los intervinientes del ecosistema -consumidores y comercios- puedan interactuar digitalmente; a través de nuevas definiciones y del reconocimiento de estos nuevos roles en la industria de pagos, el decreto, lo que en definitiva pretende es que se materialice una reconfiguración del mercado a través de rutas que permitan ampliar la competencia.

La digitalización de los pagos supone entonces hacer posible que las personas realmente trasladen sus dinámicas de consumo más cotidianas al ambiente digital y así garantizar sus posibilidades de inclusión social y económica ya que es innegable que la transparencia de las transacciones implicará transitar hacia una mayor formalización de la economía, para hacerla progresivamente más eficiente para todos.

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