Las empresas colombianas podrán dejar como garantía sus bienes y activos de la compañía para adquirir créditos.
Cae bien dentro del mercado la autorización para que las empresas puedan poner sus bienes y activos como garantía para la adquisición de un préstamo.
Los nuevos retos para el sector empresarial en Colombia generaron un giro importante que obligó a las compañías locales a entrar a la competitividad y la innovación.
Adicional a ello, los acuerdos comerciales firmados por el Gobierno Nacional marcaron la pauta para el fortalecimiento de las empresas con el fin de ser actores relevantes en los TLC.
Pero una de las dificultades ha sido la financiación para la adquisición de maquinaria que responda a todos esos compromisos en especial por parte de la pequeña y mediana empresa.
Sin embargo, se firmó una ley en el Congreso de la República, llamada Garantías Inmobiliarias, que ha permitido un mayor acceso de las empresas al crédito para cubrir sus necesidades y al fortalecimiento de sus compañías.
Precisamente la Asociación Nacional de Instituciones Financieras considera que la reciente sanción de dicha ley representa una buena noticia en términos de financiamiento para el sector empresarial.
Esta incluye tres aspectos principales, que buscan favorecer el acceso al crédito de los empresarios tales como la ampliación de los bienes que pueden ser considerados como garantía, incluyendo los activos intangibles y los derechos sobre patentes.
De igual forma, la creación de un Sistema de Garantías que centraliza la información y que cuenta con un fácil acceso.
Además el desarrollo de mecanismos legales como la ejecución de manera extrajudicial y el pago directo, que brindan una mayor celeridad y eficiencia a los procesos de ejecución de garantías.
De acuerdo con la agremiación particularmente para el caso de las Pymes, esta nueva normatividad representa una herramienta fundamental para combatir la posible restricción crediticia encontrada al interior de este segmento empresarial.
Esencia de la ley
La novedad normativa de la ley consiste en permitir que los bienes muebles (no simplemente los inmuebles) puedan servir como garantía en los créditos.
Esto quiere decir que una pequeña firma podrá respaldar sus créditos con inventarios, maquinarias, cosechas, cuentas por cobrar, activos intangibles y derechos sobre patentes.
Con ello se establece un contraste frente a la forma de financiar los préstamos que se había dado usualmente en Colombia, en la medida que la preferencia del mercado se inclinaba por buscar garantías de carácter inmueble (hipotecando casas, oficinas o terrenos).
Dicha condición toma particular relevancia entre las Pymes, pues, según la encuesta desarrollada por Anif, un porcentaje significativo los empresarios considera que una de las razones para que su solicitud de crédito sea negada radica en la falta de garantías apropiadas.
En efecto, para el promedio histórico 2006-2013, un 9% de los encuestados industriales, un 14% de los comerciales y un 15% de los de servicios reportaron dicha falta de garantías como un obstáculo significativo.
Igualmente, se abrió la posibilidad para que el acreedor pueda satisfacer su deuda por medio del bien dado como garantía, sin la necesidad de establecer mecanismos de carácter judicial, siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre las partes para tal fin.
Adicional a ello, los acuerdos comerciales firmados por el Gobierno Nacional marcaron la pauta para el fortalecimiento de las empresas con el fin de ser actores relevantes en los TLC.
Pero una de las dificultades ha sido la financiación para la adquisición de maquinaria que responda a todos esos compromisos en especial por parte de la pequeña y mediana empresa.
Sin embargo, se firmó una ley en el Congreso de la República, llamada Garantías Inmobiliarias, que ha permitido un mayor acceso de las empresas al crédito para cubrir sus necesidades y al fortalecimiento de sus compañías.
Precisamente la Asociación Nacional de Instituciones Financieras considera que la reciente sanción de dicha ley representa una buena noticia en términos de financiamiento para el sector empresarial.
Esta incluye tres aspectos principales, que buscan favorecer el acceso al crédito de los empresarios tales como la ampliación de los bienes que pueden ser considerados como garantía, incluyendo los activos intangibles y los derechos sobre patentes.
De igual forma, la creación de un Sistema de Garantías que centraliza la información y que cuenta con un fácil acceso.
Además el desarrollo de mecanismos legales como la ejecución de manera extrajudicial y el pago directo, que brindan una mayor celeridad y eficiencia a los procesos de ejecución de garantías.
De acuerdo con la agremiación particularmente para el caso de las Pymes, esta nueva normatividad representa una herramienta fundamental para combatir la posible restricción crediticia encontrada al interior de este segmento empresarial.
Esencia de la ley
La novedad normativa de la ley consiste en permitir que los bienes muebles (no simplemente los inmuebles) puedan servir como garantía en los créditos.
Esto quiere decir que una pequeña firma podrá respaldar sus créditos con inventarios, maquinarias, cosechas, cuentas por cobrar, activos intangibles y derechos sobre patentes.
Con ello se establece un contraste frente a la forma de financiar los préstamos que se había dado usualmente en Colombia, en la medida que la preferencia del mercado se inclinaba por buscar garantías de carácter inmueble (hipotecando casas, oficinas o terrenos).
Dicha condición toma particular relevancia entre las Pymes, pues, según la encuesta desarrollada por Anif, un porcentaje significativo los empresarios considera que una de las razones para que su solicitud de crédito sea negada radica en la falta de garantías apropiadas.
En efecto, para el promedio histórico 2006-2013, un 9% de los encuestados industriales, un 14% de los comerciales y un 15% de los de servicios reportaron dicha falta de garantías como un obstáculo significativo.
Igualmente, se abrió la posibilidad para que el acreedor pueda satisfacer su deuda por medio del bien dado como garantía, sin la necesidad de establecer mecanismos de carácter judicial, siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre las partes para tal fin.
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