SIC lleva cerca de 70 procesos y en 2 de ellos analiza si perdona multas a presuntos culpables a cambio de información.
La delación ha ayudado a develar muchos delitos en el país y ya es ampliamente usada también en otras naciones dentro de investigaciones contra empresas sospechosas de violar las garantías a la libre competencia.
Ahora será promovida en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de desenmascarar los pactos empresariales, conocidos como carteles, con el fin de fijar precios o repartirse parte del mercado de un producto.
Esta conducta tiene consecuencias penales dentro del país si se comete en licitaciones públicas, y sanciones pecuniarias en el resto de los casos.
Y aunque de tiempo atrás ha habido la posibilidad de negociar con los implicados rebajas de penas a cambio de pruebas para demostrar la culpabilidad de sus cómplices, solo empezó a ser atractiva desde hace dos años, con la vigencia del Estatuto Anticorrupción, que endureció las sanciones: hasta 60.000 millones de pesos para empresas y 1.200 millones para personas, según explicó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
“Si alguien que esté ‘cartelizado’ aporta información que no tengamos, generando un plus especial, esa multa o parte le puede ser perdonada”, anotó.
Desde el fin de semana ya empezaron a salir comerciales en medios de comunicación y se intensificarán, de acuerdo con Robledo, quien informó que la SIC tiene abiertas 40 indagaciones preliminares por actuaciones contra la libre competencia y cerca de 30 en etapa de formulación de cargos. El funcionario adelantó que en dos de los casos se está negociando, aunque se abstuvo de dar más detalles.
El Gobierno ha debatido la pertinencia de convertir en delito la formación de carteles en todas las circunstancias, pero el Súper confirmó que aguarda a ver la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), a la cual Colombia aspira a ingresar.
EN PRUEBAS, LOS CASOS SONADOS
El superintendente Pablo Felipe Robledo informó que dos de los casos más sonados en el país por posible infracción a la libre competencia aún se encuentran en etapa de presentación de pruebas.
Uno de ellos se abrió en agosto pasado contra cinco firmas cementeras (Argos, Cemex Colombia, Holcim, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos) que, según investigadores, habrían llegado a un acuerdo para repartirse las distintas zonas del país y fijar los precios de venta del cemento gris desde enero del 2010. Aparte de las empresas, están siendo investigados los representantes legales.
El otro proceso sonado por presuntas prácticas restrictivas de la competencia viene de febrero del 2012 e involucra a 12 ingenios azucareros y 3 asociaciones gremiales (Asocaña, Comercialiazadora Internacional de Azúcar –Ciamsa– y Dicsa –Desarrollos Industriales y Comerciales S.A.).
Pero, además, la Superintendencia investiga a varias firmas constructoras de Bogotá por sus actuaciones en licitaciones de obras públicas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario