Las últimas dos semanas han estado llenas de acontecimientos históricos para Colombia. El 2 de octubre, la mayoría de sufragantes dijo No a los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, dejando en el limbo el fin de un conflicto que ya cumple 52 años.
La derrota de la propuesta del Gobierno precipitó un hecho inédito en los últimos seis años: un encuentro en la Casa de Nariño entre el Presidente de la República y el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes llevaban ese tiempo sin ningún contacto personal por cuenta de sus diferencias políticas. Luego, una entrevista del diario La República con el director de una de las campañas del No, Juan Carlos Vélez Uribe, causó un escándalo nacional por los detalles revelados sobre la estrategia que emplearon.
El viernes se dio la cereza que coronó el pastel de una semana realmente movida para el país: el Comité del Nobel noruego anunció como ganador del Premio Nobel de la Paz 2016 al presidente Juan Manuel Santos.
Todavía hoy, casi quince días después del plebiscito, es muy difícil sacar un balance sobre qué va a representar esta serie de hechos para el futuro del país. La incertidumbre sigue siendo muy alta, a pesar de que el Gobierno ha quedado con algún margen de maniobra pues, después del fracaso del Sí en las urnas, el Nobel le ofreció una pipeta de oxígeno.
Al cierre de esta edición, el presidente Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estaban a punto de presentar al Congreso de la República la reforma tributaria que deberá quedar aprobada antes del 16 de diciembre, fecha en que concluye el periodo legislativo ordinario. El Gobierno tenía una estrategia clara: aprobar el Sí en las urnas y luego, con un mayor capital político derivado de ese hipotético triunfo, aprobar en el Congreso una reforma tributaria que le ayudara a resolver la mayor amenaza para la economía actualmente: el hueco fiscal.
Pero todo salió al revés. Ganó el No y eso puso al Presidente en el peor de los escenarios: ahora tendrá que discutir simultáneamente la paz y los impuestos. Más que nunca, el asunto no es tanto qué reforma va a presentar el Gobierno, sino qué reforma le aprueba el Congreso. Por eso la demora para radicar la propuesta. El Gobierno está diseñando una reforma con la que pueda recaudar la mayor cantidad de recursos, al menor costo político posible. Por eso, se podría concluir que la administración Santos ahora va, no por la gran reforma estructural, sino por la mejor posible en un contexto político de tormenta. El proyecto tributario llega a “enrarecer” el ambiente, pues la fórmula que deberán aplicar en la tributaria podría restar en el capital político del presidente Santos. Vale la pena analizar qué puede pasar en el Congreso, pues de los legisladores depende el final de la historia.
Más que necesaria
Este proyecto es vital por distintas razones. La primera es la necesidad de inyectarle al fisco nacional nuevos recursos, por cuenta de la caída estrepitosa de los recaudos tributarios que generaba el sector petrolero. Ese impacto, según ha estimado el propio Gobierno, significó un hueco de $23 billones al año.
El otro argumento es que la regla fiscal le ha impuesto al gobierno central una senda de reducción del déficit que debe llevarlo, en 2018, por debajo de 1,9% del PIB y, en 2022, por debajo de 1% de manera permanente. Esa talanquera para el balance fiscal exige que el Gobierno busque nuevos ingresos permanentes para lograr cumplir con ese mandato de ley. Además, las calificadoras han advertido que, de no presentarse y tramitarse la reforma, el grado de inversión del país podría bajar.
Finalmente, la reforma es necesaria, porque a partir de 2019 desaparece la sobretasa del CREE y ese año empieza a desaparecer el impuesto del 4 X 1.000.
Todos estos elementos han hecho que al interior del Congreso se genere conciencia sobre la necesidad de la reforma. Así que por lo menos el primer consenso es que la tributaria es inaplazable, esto parece darle un piso firme al proyecto y es de esperarse que el 16 de diciembre haya luz verde para la nueva ley tributaria. Prueba de ello es que al senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, le han llovido críticas (tanto de empresarios como de otros colegas legisladores) por insinuar que esta discusión se puede aplazar. Eso no es posible sin que aumente la posibilidad de una crisis económica, como la que vivió el país en 1999, la peor de su historia.
Sin embargo, que el trámite de la reforma esté relativamente asegurado no es garantía de nada; como reza el adagio popular, el problema no es qué llega al Congreso, sino qué sale de él. Ahí es donde está el quid del asunto. Ese es el análisis que corresponde hacer en estas circunstancias.
Y la economía ahí
Es necesario que el Gobierno y el Congreso de la República tengan en consideración el impacto que toda la incertidumbre generada luego del fracaso del Sí en las urnas tiene sobre la economía. Mientras no se resuelva el nuevo acuerdo con las Farc ni se conozca y apruebe el contenido de la reforma tributaria, es obvio que tanto los consumidores, como los hombres de negocios mostrarán prudencia en sus decisiones de consumo e inversión.
Eso podría significar un freno a la actividad económica, que acentúe la desaceleración de la economía; un crecimiento por debajo del 2,5% que prevé el Gobierno podría empezar a generar problemas de empleo y financiamiento, si, además, las agencias calificadoras deciden no darle más plazo al necesario ajuste de las finanzas públicas colombianas.
Es cierto que muchos indicadores han empezado a mejorar, como la inflación y el déficit de cuenta corriente. Sin embargo, aún se mantienen en niveles altos, lo que es un riesgo para la economía colombiana. Concretar el proceso de paz y sacar adelante la tributaria son la salida de tal laberinto
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