Tras el escándalo por los manejos irregulares que se han dado a la modalidad de las libranzas por parte de algunas cooperativas y empresas de crédito y que derivó en que a una de ellas, Estraval, se le declarara en liquidación, y que de Elite, la Superintendencia de Sociedades tomara el control de la firma, el gobierno expidió un decreto para intentar poner en cintura este tipo de negocios.
Se trata el decreto 1348 del 2016, en el cual se busca que los usuarios que opten por ingresar a esta modalidad de crédito tengan la plena conciencia de los riesgos que corren al realizar la inversión de sus recursos.
La norma señala que “previamente a la celebración del contrato de venta y administración, el vendedor del título de crédito libranza deberá informar al comprador sobre los riesgos de la operación”.
De igual forma, estos negocios deberán informar a sus clientes sobre “los resultados de los últimos 3 meses previos a la firma del contrato de los indicadores de calidad de la cartera vendida con responsabilidad, la calidad de cartera vendida sin responsabilidad, la cartera propia y el endeudamiento de cada usuario”.
Así mismo, el decreto enfatiza en la necesidad de que estas cooperativas o establecimientos de crédito deberán entregar al comprador, “copia del título valor que instrumenta el crédito libranza comprado, copia de la solicitud de crédito del deudor, copia del estudio de crédito realizado por el originador al deudor y copia de la historia de crédito del deudor expedida por las centrales de riesgo autorizadas”.
De igual forma, le exige a estos establecimientos contar con mecanismos tecnológicos que le permitan controlar y contabilizar oportuna y adecuadamente los recaudos y pagos de las libranzas.
La norma también le solicita a estos negocios que inscriban ante la Cámara de Comercio las anotaciones electrónicas de su inscripción, actualización, renovación o cancelación voluntaria a través del servicio electrónico dispuesto para ello en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES).
A su vez, las Cámaras de Comercio deberán verificar la vigencia de la certificación expedida por los bancos de datos de información financiera, crediticia , comercial y de servicios, donde se acredite la obligación de reportar la información de las operaciones de libranza a dichas entidades.
El decreto fue firmado por los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
Ya el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, había señalado en RCN Radio que era necesario regular aún más a las administradoras de libranzas para disminuir los riesgos de no pago de las mismas, pero sin estigmatizar este tipo de inversiones.
Reyes explicó que en la actualidad la Superintendencia de Sociedades solo puede realizar una vigilancia subjetiva sobre las entidades administradoras de libranzas, que además son extrabancarias, es decir, la Superintendencia debe vigilar la entidad pero no sus operaciones.
Dijo que “lo que hacen estas compañías es comprar pagarés a descuento que venden a inversionistas, lo que vigilamos es si los pagarés se negocian legalmente dentro de un mercado de títulos de valor lícito”.
El superintendente agregó que trabajó con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y las Superintendencias Financiera y de Economía Solidaria en la expedición de un decreto que exigiera mayor información de parte de las administradoras de libranzas a los inversionistas para disminuir riesgos de impagos.
Pedido
Por su parte, la Asociación Bancaria de Colombia le pidió al Gobierno garantías para fortalecer la figura de las libranzas tras el escándalo por el manejo que le han dado algunas empresas encargadas de ofrecerle a sus clientes intereses atractivos por la inversión en esta modalidad de crédito.
Así lo señaló el gremio tras indicar que “la figura de la libranza es una herramienta financiera asociada a un menor riesgo de crédito en la medida en que cuenta con la garantía del flujo de pagos, lo que ha permitido aminorar el impacto de la administración del riesgo de pago en el costo de la financiación”.
Sin embargo, indicó Asobancaria, los riesgos operacionales, de contraparte y de reputación, que aún se mantienen, “suelen exacerbarse cuando los originadores de libranzas que no cuentan con la regulación adecuada entran al negocio”.
La cartera de libranza de las entidades no vigiladas, por su parte, supera los $10 billones de pesos.
Panorama
El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Factoring, Eduardo Rincón, aseguró hace algunas semanas a RCN Radio que en el país hay 500 mil libranzas que aún no se han pagado y que representan 1 billón de pesos.
“El nudo está en 500 mil libranzas que no están en cesación de pago, están demoradas y es por el tránsito engorroso entre las pagadurías y los inversionistas“, afirmó Rincón.
Así mismo, dijo que hay trámites oficiales que a veces demoran los pagos y los traslados de los fondos por lo que sugiere algunos cambios en los trámites.
“A la cadena de valor le hace falta más dinámica, diseño, educación financiera y un mejor manejo del riesgo como por ejemplo un seguro del riesgo. El que compra el crédito estructurado tiene cadena de ahorradores, es el inversionista, y es ilícito hacerlo y cualquiera puede comprar un pagaré“, precisó el presidente de la Asociación.
http://www.rcnradio.com/economia/expiden-decreto-poner-cintura-negocio-las-libranzas/
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