Subsidios agrarios no llegan a campesinos. Hay pensiones caras financiadas con la carga tributaria.
Uno de los objetivos, con el pago de impuestos, es redistribuir la riqueza.
En la medida en que la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno está a punto de presentar su informe final sobre una posible reforma tributaria, crece el debate sobre cómo deben ser los cambios en el sistema colombiano de impuestos.
En los últimos días la inquietud viene creciendo entre los contribuyentes, y uno de los temas en los que deberá haber ajustes es en la capacidad de los tributos de redistribuir la riqueza. No en vano, el grupo de ‘sabios’ se conoce como Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.
Los planteamientos que el grupo sugiera partirán de reconocer que en Colombia no hay diferencia entre la desigualdad antes y después de pagar impuestos, como sí ocurre en otros países.
¿A qué se debe? Según la Ocde, hay cinco elementos que empujan el cambio en el coeficiente de Gini, el medidor internacional de la desigualdad. La educación, la tasa de desempleo, el gasto social como proporción del PIB, la inversión pública y el índice de progresividad tributaria; este último, el que menos se aplica en Colombia.
De los demás, en el país se habla de fuertes sumas para financiar subsidios, de transferencias nacionales hacia las regiones y, en general, de una inversión pública que está en aumento, pero nada de esto ha contribuido a cerrar las brechas de la desigualdad.
En el 2014, por ejemplo, se destinó un billón de pesos solo para subsidiar el ingreso del caficultor cuando el precio del grano baja, mientras que, en el campo en general, no solo no hay productividad sino que las condiciones son peores de lo que se esperaba encontrar con el III Censo Agropecuario: no hay suficientes distritos de riego, la tierra está concentrada en unos pocos, los campesinos no tienen maquinaria.
En cuanto a las regiones, las transferencias totales previstas para el 2016 ascienden a 91 billones de pesos, entre el sistema general de participaciones, pago de pensiones y regionalización de recursos de inversión.
La mayor tajada
Pero las mejores tajadas son para los que más gestionan. De la regionalización de los 49 billones de pesos destinados a la inversión, Bogotá tiene cifras de 4,7 billones y Antioquia, de 3,4 billones, mientras que regiones más vulnerables como Vaupés, Vichada y Guainía apenas si llegan a 200.000 millones de pesos.
Adicionalmente, el monto que tendrá que gastar el Estado en el 2016 en pensiones será de 34,3 billones de pesos para pagar la mesada de 1’294.439 pensionados, de los cuales más de la mitad solo recibe el salario mínimo. Un gran pedazo de esta torta financia pensiones de más de 24 millones de pesos mensuales.
Tributos no progresivos
Entre tanto, el esquema tributario es inequitativo. El recaudo en 2014 fue de 114 billones de pesos, que en su mayoría salieron del impuesto a la renta (39,4 billones) y del IVA (28,3 billones), y ninguno de los dos tributos tienen progresividad.
Por ejemplo, el gravamen a la renta de personas naturales lo acaban de aportar solo 2’086.000 personas en un país de 47 millones de habitantes; y de las empresas, pese a que 370.591 presentaron declaración, solo el 45 por ciento tuvo carga tributaria.
Mucho por hacer
Los países desarrollados son los que más utilizan la redistribución de recursos a través de los impuestos. Colombia tiene un coeficiente de Gini de 0,53. Después del pago de impuestos se queda igual, mientras que, por ejemplo, España tiene un Gini de 0,5 antes de impuestos (el sexto más alto después de Irlanda, Reino Unido, Chile, Grecia y Portugal), pero lo baja a 0,33 después de los impuestos.
¿Cómo se hace? La ONG internacional Oxfam, que es una de las que más ha llamado la atención sobre la necesidad de utilizar los sistemas tributarios como instrumentos redistributivos de la riqueza de un país, recomienda “un modelo tributario más progresivo, en el que se grave más la riqueza y la propiedad y no solo el consumo y el salario”, como ocurre en el país.
La Cepal (Comisión Económica para América Latina) es otra de las que ha promovido el uso de los impuestos para reducir la desigualdad.
“La incidencia distributiva de la política fiscal en nuestra región es débil: mientras que en América Latina el coeficiente de Gini cae solo 3 puntos porcentuales después de impuestos directos y transferencias públicas monetarias, en países de la Ocde este indicador disminuye 17 puntos después de la acción fiscal directa”.
Esa recomendación se sustenta en el hecho de que, en América Latina, “la tasa efectiva que pagan los individuos pertenecientes al 10 por ciento de la población de mayores ingresos apenas alcanza un promedio de 5,6 por ciento”.
Las razones de la inequidad tributaria
“Las personas naturales no pagan casi nada, las rentas exentas injustificables ascienden a $ 21 billones al año. Los pobres, por lo contrario, pagan renta por la retención en la fuente”, dice el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega. Además, los ciudadanos de menores recursos destinan alrededor del 3,5 por ciento de su ingreso al pago del IVA.
“Lo que hace todo inequitativo es que el gasto fuerte va a pensiones, que son para la clase media y alta, las más costosas y con un subsidio hasta de 50 por ciento. Lo que pagan como contribuyentes y lo que reciben es desigual”, agrega Ortega.
Horacio Ayala, exdirector de la Dian, señala que “los contribuyentes no pagan en proporción a su capacidad económica y los empresarios les cargan los impuestos que pagan al valor de los productos y servicios, lo que conduce a que aun en épocas de crisis suba la desigualdad”.
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