Jairo Núñez Economista. Núñez EconomistaTatyana Orozco Directora del DPS. En las próximas semanas, el DPS ‘graduará’ 220.000 familias que ya han aumentado sus puntajes en el Sisbén.
El DPS está a punto de ‘graduar‘ a 220.000 familias que abandonaron la pobreza. Sin embargo, los niveles de este flagelo siguen siendo altos. ¿Cómo acelerar la reducción de la pobreza en Colombia?
Si bien Colombia es uno de los líderes en reducción de la pobreza, según lo acaba de informar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo cierto es que con un nivel de incidencia de 30,7%, nadie puede cantar victoria.
Por eso es necesario hacer un balance en blanco y negro para determinar hasta dónde van los éxitos de la política y hasta cuándo el país continuará atrapado en lo que los especialistas han llamado ‘trampas de la pobreza’, que lo único que hacen es perpetuar a muchas personas en condiciones de vida inaceptables.
La directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Tatyana Orozco, está convencida de que, si bien es necesario hacer ajustes, programas como Familias y Jóvenes en Acción están empezando a dar resultados. Prueba de ello es que el DPS está a punto de ‘graduar’ a 220.000 familias que, según sus puntajes en el Sisbén, ya han salido de la pobreza y están listas a enfrentar sin dificultades los retos del día a día sin caer nuevamente en desgracia.
Según Orozco, entre 2010 y 2014 han sido destinados $7,1 billones para el programa Familias en Acción, que ha beneficiado a 2,7 millones de familias; esto representa cerca de 11 millones de personas por todo el país. El otro gran programa de “transferencias monetarias condicionadas” es Jóvenes en Acción, que beneficia a 153.000 jóvenes de escasos recursos y les permite continuar sus estudios universitarios.
La directora del DPS plantea que tanto Familias en Acción como Jóvenes en Acción han tenido un impacto positivo en muchos de los indicadores sociales del país. Por ejemplo, los jóvenes pertenecientes al programa tienen más probabilidades de graduarse y conseguir trabajo; en las zonas rurales crecen en promedio 1,3 centímetros más; la salud de los beneficiarios mejora –pues completan sus esquemas de vacunación–, se reduce la incidencia de la desnutrición crónica y enfermedades respiratorias y tienen un mejor desempeño en las pruebas del Estado.
“Además, hemos logrado que la participación laboral del universo de beneficiarios pase de 25% a 40%. Familias en Acción ha tenido efectos no esperados, como la reducción del embarazo adolescente. A los programas del DPS se le pueden adjudicar al menos dos puntos en reducción de la pobreza”, explica Orozco.
A esto se le suma que el nivel promedio de escolaridad de quienes hacen parte del programa aumenta, pues antes muchas personas solo llegaban a concluir su primaria. Hoy cubren el bachillerato y, con el programa de becas universitarias, muchos ya deberán completar sus estudios superiores. “Los programas son efectivos en cuanto a superar las trampas de pobreza y en formar capital humano y social”, agrega la funcionaria.
Los peros
A pesar de que los logros son indudables, el asunto es que el país mantiene unos niveles de pobreza muy elevados. Según la Cepal, a 2013 el índice de pobreza monetaria en Colombia estaba en 30,7%; esto significa que, como ha ocurrido en toda Latinoamérica, el indicador se ha estancado en esos niveles.
Jairo Núñez, autor del estudio “Bases conceptuales para una política integral de lucha contra la pobreza”, explica que los programas del Gobierno tienen problemas tanto de diseño como de implementación.
Dentro de los más complejos están el incentivo al asistencialismo y la dependencia económica. Según el experto, las ayudas estatales están fomentando la informalidad. “Una persona no calificada que está en el Sisbén 1 o 2 y que alguna vez pasó por el sector formal tiene que tomar la decisión entre ir al sector formal, donde gana el salario mínimo, las prestaciones sociales y tiene que cumplir un horario, o ir a la informalidad, donde esa persona puede tener 70% del salario mínimo y recibe Familias en Acción, un subsidio para vivienda, ayuda para el adulto mayor y una serie de subsidios que hacen que su ingreso se iguale al que recibiría en el sector formal, pero sin cumplir horarios”.
Por eso, señaló, uno de los grandes desafíos de los programas es lograr que la gente se gradúe, no porque suba de puntaje en el Sisbén, sino porque adquiere verdadera autonomía para generar sus propios ingresos. Recordó el caso de Estados Unidos, donde la norma de los subsidios establece que nadie puede recibir ayudas del Gobierno por más de cinco años a lo largo de toda su vida. Esa medida genera un incentivo para que la gente busque alternativas de ingreso que le permitan alcanzar la autonomía económica.
El otro aspecto es que los programas no tienen en cuenta que las trampas de la pobreza no solo provienen de la familia sino de las circunstancias ‘político-culturales institucionales’. “Me refiero a todas esas zonas que están aisladas de la actividad económica, industrial y productiva, que viven de los subsidios. Allá la Red Unidos funciona perfectamente, porque no hay ninguna posibilidad de que las personas logren su autonomía económica y salgan de la pobreza”, señala.
Núñez asegura que es un logro ‘graduar’ a 220.000 familias; sin embargo, el problema con los programas de incentivos monetarios es estructural, porque no buscan enganchar a la gente al mercado laboral formal ni los incentiva para que inicien su propia actividad productiva.
Colombia tiene una de las redes de protección social más grandes de Latinoamérica, pues beneficia a más de 11 millones de personas. Además, ha logrado consistencia en la política de lucha contra la pobreza, pues sobrevivió tres gobiernos (Pastrana, Uribe y Santos) y llegó a convertirse en un superministerio, que es el DPS, lo que garantiza continuidad a pesar de los cambios de Gobierno. Sin embargo, en 15 años de existencia, los desafíos siguen siendo enormes. Y el país todavía está en mora de acelerar su proceso de reducción de la pobreza.
Construir sobre los logros que se han obtenido y dar el timonazo para superar los problemas debe ser el objetivo en el mediano plazo. El tema resulta central para millones de personas que sufren la pobreza y son víctimas de la desigualdad.
Por eso es necesario hacer un balance en blanco y negro para determinar hasta dónde van los éxitos de la política y hasta cuándo el país continuará atrapado en lo que los especialistas han llamado ‘trampas de la pobreza’, que lo único que hacen es perpetuar a muchas personas en condiciones de vida inaceptables.
La directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Tatyana Orozco, está convencida de que, si bien es necesario hacer ajustes, programas como Familias y Jóvenes en Acción están empezando a dar resultados. Prueba de ello es que el DPS está a punto de ‘graduar’ a 220.000 familias que, según sus puntajes en el Sisbén, ya han salido de la pobreza y están listas a enfrentar sin dificultades los retos del día a día sin caer nuevamente en desgracia.
Según Orozco, entre 2010 y 2014 han sido destinados $7,1 billones para el programa Familias en Acción, que ha beneficiado a 2,7 millones de familias; esto representa cerca de 11 millones de personas por todo el país. El otro gran programa de “transferencias monetarias condicionadas” es Jóvenes en Acción, que beneficia a 153.000 jóvenes de escasos recursos y les permite continuar sus estudios universitarios.
La directora del DPS plantea que tanto Familias en Acción como Jóvenes en Acción han tenido un impacto positivo en muchos de los indicadores sociales del país. Por ejemplo, los jóvenes pertenecientes al programa tienen más probabilidades de graduarse y conseguir trabajo; en las zonas rurales crecen en promedio 1,3 centímetros más; la salud de los beneficiarios mejora –pues completan sus esquemas de vacunación–, se reduce la incidencia de la desnutrición crónica y enfermedades respiratorias y tienen un mejor desempeño en las pruebas del Estado.
“Además, hemos logrado que la participación laboral del universo de beneficiarios pase de 25% a 40%. Familias en Acción ha tenido efectos no esperados, como la reducción del embarazo adolescente. A los programas del DPS se le pueden adjudicar al menos dos puntos en reducción de la pobreza”, explica Orozco.
A esto se le suma que el nivel promedio de escolaridad de quienes hacen parte del programa aumenta, pues antes muchas personas solo llegaban a concluir su primaria. Hoy cubren el bachillerato y, con el programa de becas universitarias, muchos ya deberán completar sus estudios superiores. “Los programas son efectivos en cuanto a superar las trampas de pobreza y en formar capital humano y social”, agrega la funcionaria.
Los peros
A pesar de que los logros son indudables, el asunto es que el país mantiene unos niveles de pobreza muy elevados. Según la Cepal, a 2013 el índice de pobreza monetaria en Colombia estaba en 30,7%; esto significa que, como ha ocurrido en toda Latinoamérica, el indicador se ha estancado en esos niveles.
Jairo Núñez, autor del estudio “Bases conceptuales para una política integral de lucha contra la pobreza”, explica que los programas del Gobierno tienen problemas tanto de diseño como de implementación.
Dentro de los más complejos están el incentivo al asistencialismo y la dependencia económica. Según el experto, las ayudas estatales están fomentando la informalidad. “Una persona no calificada que está en el Sisbén 1 o 2 y que alguna vez pasó por el sector formal tiene que tomar la decisión entre ir al sector formal, donde gana el salario mínimo, las prestaciones sociales y tiene que cumplir un horario, o ir a la informalidad, donde esa persona puede tener 70% del salario mínimo y recibe Familias en Acción, un subsidio para vivienda, ayuda para el adulto mayor y una serie de subsidios que hacen que su ingreso se iguale al que recibiría en el sector formal, pero sin cumplir horarios”.
Por eso, señaló, uno de los grandes desafíos de los programas es lograr que la gente se gradúe, no porque suba de puntaje en el Sisbén, sino porque adquiere verdadera autonomía para generar sus propios ingresos. Recordó el caso de Estados Unidos, donde la norma de los subsidios establece que nadie puede recibir ayudas del Gobierno por más de cinco años a lo largo de toda su vida. Esa medida genera un incentivo para que la gente busque alternativas de ingreso que le permitan alcanzar la autonomía económica.
El otro aspecto es que los programas no tienen en cuenta que las trampas de la pobreza no solo provienen de la familia sino de las circunstancias ‘político-culturales institucionales’. “Me refiero a todas esas zonas que están aisladas de la actividad económica, industrial y productiva, que viven de los subsidios. Allá la Red Unidos funciona perfectamente, porque no hay ninguna posibilidad de que las personas logren su autonomía económica y salgan de la pobreza”, señala.
Núñez asegura que es un logro ‘graduar’ a 220.000 familias; sin embargo, el problema con los programas de incentivos monetarios es estructural, porque no buscan enganchar a la gente al mercado laboral formal ni los incentiva para que inicien su propia actividad productiva.
Colombia tiene una de las redes de protección social más grandes de Latinoamérica, pues beneficia a más de 11 millones de personas. Además, ha logrado consistencia en la política de lucha contra la pobreza, pues sobrevivió tres gobiernos (Pastrana, Uribe y Santos) y llegó a convertirse en un superministerio, que es el DPS, lo que garantiza continuidad a pesar de los cambios de Gobierno. Sin embargo, en 15 años de existencia, los desafíos siguen siendo enormes. Y el país todavía está en mora de acelerar su proceso de reducción de la pobreza.
Construir sobre los logros que se han obtenido y dar el timonazo para superar los problemas debe ser el objetivo en el mediano plazo. El tema resulta central para millones de personas que sufren la pobreza y son víctimas de la desigualdad.
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