Mientras Latinoamérica sigue siendo golpeada por males como la pobreza, los recursos en manos de los gobiernos, que podrían destinarse al desarrollo de los países, se pierden por falta de un control sobre el presupuesto y la asignación de las inversiones.
La pobreza ha sido un eterno lastre para América Latina. A pesar de que la región ha reportado reducciones en los niveles de desigualdad, este flagelo persiste como una problemática estructural arraigada en esta sociedad, que no deja de liderar los listados de disparidad entre países en desarrollo.
Basta con revisar un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para notar que los avances en la mitigación de la pobreza están en constante riesgo y que este mal difícilmente puede ser atacado de raíz. Por supuesto, esta es una problemática que ha estado presente por años y con la que prácticamente se han acostumbrado a vivir los gobiernos. Sin embargo, todavía no deja de preocupar que, aun con las riquezas con las que cuentan los diferentes países que componen la región, uno de cada 10 habitantes latinoamericanos esté sumergido en esta condición.
Si bien en 2017 los índices de desigualdad alcanzaron un nivel de estabilidad, después de los incrementos reportados en 2015 y 2016, la pobreza extrema no paró de crecer y alcanzó su punto más alto en casi una década, de acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2018”. En este sentido, en 2017, 184 millones de personas vivieron en pobreza; es decir, el 30,2 % de la población. Entre ellas, 62 millones enfrentaron la extrema pobreza, lo que corresponde al 10,2 % de los habitantes.
De igual manera, la Cepal indica que, durante los últimos cinco años, 17 millones de personas se sumaron a la pobreza extrema. Así las cosas, mientras que en 2014 las cifras reportaban 46 millones de habitantes en estas condiciones, en 2018 el número creció a 63 millones.
Ante este panorama, resulta paradójico pensar que, aunque erradicar este mal es una de las apuestas siempre anunciadas por los gobiernos, el ritmo de pobreza siga teniendo este comportamiento y aún no se encuentre una solución definitiva. Pues bien, por más compleja que parezca, una de las salidas más efectivas estaría relacionada con el control sobre el mal gasto de los recursos públicos, un hecho que genera pérdidas similares a las de la corrupción.
Al menos así lo indica un estudio del BID, publicado a finales de 2018, el cual advierte que el mal gasto de los recursos públicos en Latinoamérica es tan denso que cuesta alrededor de USD 220.000 millones al año, una suma que sería suficiente para erradicar los problemas de pobreza extrema en esta región.
Aunque estos recursos perdidos no siempre están relacionados con fines corruptos, lo cierto es que este dinero se usa mal y no está cumpliendo con el objetivo de generar avances sociales significativos. De acuerdo con el BID, la ineficiencia del gasto en se ve reflejada, generalmente, en las compras gubernamentales, las transferencias focalizadas y los servicios públicos. Así, las pérdidas se fueron acumulando hasta representar el 4,4 % del PIB regional.
Lo anterior es un indicio de que en Latinoamérica hay campo para satisfacer las necesidades de una población que está en una búsqueda constante del desarrollo y con presupuestos cada vez más ajustados, sin tener que recurrir a un aumento o un recorte en el gasto.
Este reto es aún más latente si se tienen en cuenta los diversos factores externos que, de alguna manera, pueden tener un impacto en la región, como la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, la reducción de precios en los productos básicos y un menor crecimiento a nivel global. Por supuesto, no hay que olvidar las lecciones que dejó la década del 2000, cuando el periodo de bonanza motivó a varios gobiernos a aumentar el gasto público, con la expectativa de que las ganancias externas se mantuvieran en alza. Sin embargo, finalmente, se encontraron con que estas se habían deteriorado y habían incrementado la necesidad de consolidación fiscal, en el marco de un aumento de la deuda.
La pobreza ha sido un eterno lastre para América Latina. A pesar de que la región ha reportado reducciones en los niveles de desigualdad, este flagelo persiste como una problemática estructural arraigada en esta sociedad, que no deja de liderar los listados de disparidad entre países en desarrollo.
Basta con revisar un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para notar que los avances en la mitigación de la pobreza están en constante riesgo y que este mal difícilmente puede ser atacado de raíz. Por supuesto, esta es una problemática que ha estado presente por años y con la que prácticamente se han acostumbrado a vivir los gobiernos. Sin embargo, todavía no deja de preocupar que, aun con las riquezas con las que cuentan los diferentes países que componen la región, uno de cada 10 habitantes latinoamericanos esté sumergido en esta condición.
Si bien en 2017 los índices de desigualdad alcanzaron un nivel de estabilidad, después de los incrementos reportados en 2015 y 2016, la pobreza extrema no paró de crecer y alcanzó su punto más alto en casi una década, de acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2018”. En este sentido, en 2017, 184 millones de personas vivieron en pobreza; es decir, el 30,2 % de la población. Entre ellas, 62 millones enfrentaron la extrema pobreza, lo que corresponde al 10,2 % de los habitantes.
De igual manera, la Cepal indica que, durante los últimos cinco años, 17 millones de personas se sumaron a la pobreza extrema. Así las cosas, mientras que en 2014 las cifras reportaban 46 millones de habitantes en estas condiciones, en 2018 el número creció a 63 millones.
Ante este panorama, resulta paradójico pensar que, aunque erradicar este mal es una de las apuestas siempre anunciadas por los gobiernos, el ritmo de pobreza siga teniendo este comportamiento y aún no se encuentre una solución definitiva. Pues bien, por más compleja que parezca, una de las salidas más efectivas estaría relacionada con el control sobre el mal gasto de los recursos públicos, un hecho que genera pérdidas similares a las de la corrupción.
Al menos así lo indica un estudio del BID, publicado a finales de 2018, el cual advierte que el mal gasto de los recursos públicos en Latinoamérica es tan denso que cuesta alrededor de USD 220.000 millones al año, una suma que sería suficiente para erradicar los problemas de pobreza extrema en esta región.
Aunque estos recursos perdidos no siempre están relacionados con fines corruptos, lo cierto es que este dinero se usa mal y no está cumpliendo con el objetivo de generar avances sociales significativos. De acuerdo con el BID, la ineficiencia del gasto en se ve reflejada, generalmente, en las compras gubernamentales, las transferencias focalizadas y los servicios públicos. Así, las pérdidas se fueron acumulando hasta representar el 4,4 % del PIB regional.
Lo anterior es un indicio de que en Latinoamérica hay campo para satisfacer las necesidades de una población que está en una búsqueda constante del desarrollo y con presupuestos cada vez más ajustados, sin tener que recurrir a un aumento o un recorte en el gasto.
Este reto es aún más latente si se tienen en cuenta los diversos factores externos que, de alguna manera, pueden tener un impacto en la región, como la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, la reducción de precios en los productos básicos y un menor crecimiento a nivel global. Por supuesto, no hay que olvidar las lecciones que dejó la década del 2000, cuando el periodo de bonanza motivó a varios gobiernos a aumentar el gasto público, con la expectativa de que las ganancias externas se mantuvieran en alza. Sin embargo, finalmente, se encontraron con que estas se habían deteriorado y habían incrementado la necesidad de consolidación fiscal, en el marco de un aumento de la deuda.
El desafío de ejecutar y distribuir correctamente los recursos
Lograr una eficiencia en la inversión del dinero del Estado no solo es clave para ajustar las cuentas, sino también para generar más recursos y recuperar la confianza por parte de los ciudadanos, quienes cada vez más tienen una percepción negativa sobre las instituciones. Según un estudio de la Corporación Latinobarómetro, en 11 países de la región, más del 50 % de los habitantes considera que los presidentes y funcionarios públicos están involucrados en delitos de corrupción.
Lo anterior representa un desafío mayor para los países que invierten poco en su desarrollo y pretenden aumentar los impuestos para financiar los gastos, debido a la oposición de una población convencida de que el dinero será desperdiciado y no dará fruto con obras y servicios eficientes. Por el contrario, si los ciudadanos confiaran en sus gobiernos, serían menos reacios a pagar por obras adicionales.
Sin embargo, el informe del BID ratifica estas percepciones y demuestra que los gobiernos de la región tienen problemas de ineficiencia técnica, porque, a pesar de los recursos que tienen en sus manos, no ejecutan los proyectos de la mejor manera y les cierran las oportunidades a los latinoamericanos de acceder a servicios de educación, seguridad, salud e infraestructura de calidad. Esto se traduciría en una reducción de los crímenes comunes, la generación de empleo formal, un aumento en la esperanza de vida y mejores resultados académicos en las evaluaciones internacionales.
De igual manera, los gobiernos se enfrentan a múltiples desafíos en materia de eficiencia asignativa. Esto tiene que ver con debates, como, por ejemplo, ¿cómo invertir equilibradamente entre las personas mayores y los jóvenes? o ¿cómo controlar la inversión en la primera infancia, la educación primaria, secundaria, o en la capacitación laboral?
La falta de rigurosidad sobre el análisis de tales debates ha llevado a que el gasto ineficiente en América Latina y el Caribe se incremente de manera irregular. Esta gestión poco efectiva se ve reflejada en diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ver con altos salarios de los empleados públicos que, muchas veces, sobrepasan su verdadera productividad. Según el BID, estas remuneraciones en la región equivalen al 29 % del gasto en la región, excediendo el promedio de 24,2 % de la OCDE. Las naciones que más suelen malgastar son aquellas que cuentan con las primas salariales más altas y una cantidad de empleados no calificados: El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Ecuador (más del 20 %), y Colombia y Costa Rica (más del 15 %).
Otro aspecto preocupante está relacionado con las adquisiciones públicas totales, que constituyen el 29,8 % del gasto en Latinoamérica, frente al 32,5 % de la OCDE. Por ejemplo, durante 2016, los gobiernos de la región hicieron compras públicas por un valor cercano a los USD 450.000 millones, adquiriendo bienes y servicios, así como equipos de capital. Sin embargo, no es un secreto que este tipo de transacciones es atractivo para la corrupción.
Si bien no existen cifras exactas sobre la pérdida en inversión por la corrupción, el dato aproximado proporcionado por la OCDE oscila entre el 20 % y el 30 %. El caso más grande en la historia de la región tiene que ver con los sobornos de Odebrecht en Brasil, cuyo monto alcanzó los USD 737 millones entre 2011 y 2016, con el fin de asegurar contratos por USD 2.800 millones, distribuidos en 100 proyectos, en 10 países.
Por otra parte, el gasto ha sido distribuido de forma ineficiente entre los sectores públicos, los programas y la población. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe invierten cuatro veces más en la población mayor que en la joven. Si esta gestión se mantiene de esta forma, los regímenes de pensiones y de salud podrían pasar del 35 % actual del presupuesto al 78 % en 2065, arriesgando la sostenibilidad fiscal, según advierte el BID. Asimismo, este contexto también evitaría que los recursos sean destinados a otras prioridades, como el desarrollo del capital humano y el avance de la infraestructura, que son una tarea urgente para consolidar un crecimiento sostenible.
Ahora bien, más allá de hacer un recorte radical en todos los campos, como se ha hecho anteriormente, es recomendable dividir el presupuesto en cada sector, partiendo de un análisis y un diagnóstico sobre las necesidades puntuales de cada uno y su potencial productivo. Teniendo en cuenta que se trata de un asunto de alta complejidad, el banco multilateral de desarrollo advierte sobre la necesidad de crear una institucionalidad dedicada a la planificación estratégica que evalúen el impacto de los programas gubernamentales antes de invertir los recursos.
De igual manera, se deben adoptar reglas fiscales que protejan las inversiones, que logren un equilibrio entre los gastos corrientes y de capital y que no solo se enfoquen en el control del déficit, como en el caso de Colombia. Perú es una de las naciones que más ha trabajado en este punto, con el requisito fiscal de doble condición.
De otro lado, los gobiernos deberían dar una mirada profunda sobre las instituciones más vulnerables y no destacar medidas, como la presupuestación por resultados para la asignación de gastos y la creación de sistemas de datos integrados inteligentes.
De ser así, se lograría, por ejemplo, una reducción de los sobrecostos y los retrasos en proyectos fundamentales para el desarrollo, que a su vez generarían un ahorro en el gasto de cerca de 1,2 % del PIB y la liberación de hasta USD 50.000 millones al año para obras de infraestructura, según el BID.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario