Una reforma aplazada pero no olvidada

El Gobierno decidió el año pasado aplazar la reforma pensional, pero esa necesidad no debe ser olvidada y mucho dejar de ser estudiada por todos los jugadores de la seguridad social 

“El palo no está para hacer cucharas”. Ese debe ser el dicho popular del Gobierno cuando se le pregunte sobre la reforma pensional que sigue en veremos; debate que se ha ido aplazando para no entrar en polémicas inoportunas como son todas las que generan o se desprenden de cada uno de los puntos que deben reformarse en la seguridad social en Colombia. El primero, claramente, es la edad de jubilación. Es ilógico que las mujeres se sigan jubilando a la temprana edad de 57 años cuando la expectativa de vida supera los 75 años y que todos los países pares de la economía local tienen fijada esa edad en 60, 62 o incluso 65 años. Los hombres por su parte deben trabajar hasta los 62 años para alcanzar su pensión, una edad que está en el promedio de casi todos los países, pero que sigue siendo también temprana si se mira con la expectativa de vida, los adelantos médicos y el cada día más frecuente estilo de vida saludable. 

La inconsistencia más elocuente en el debate pensional es la que defiende los servidores públicos -y muy contradictoria por ciento- se extendieron la edad de retiro forzoso hasta los 70 años; es decir, que un juez, un magistrado o un simple profesor de un colegio público, puede seguir laborando o disfrutando de las mieles de un buen salario, muy cerca de su etapa octogenaria. Otra de las perlas que deben ser estudiadas con urgencia son los regímenes especiales de los que gozan algunos segmentos de la sociedad como los militares, los profesores y otros minoritarios regímenes especiales. Si bien, el acto legislativo 01 de 2005 modificó los regímenes especiales que habían quedado vivos en la Ley 100 de 1993, aún siguen pendientes de su reglamentación y hay muchos cabos por atar. 

Lo regímenes especiales, del magisterio y de la fuerza pública tienen características muy particulares: los cálculos actuales del costo de estos regímenes especiales, según Anif, señalan que el valor presente de estas pensiones será de 25,2% del PIB durante 2017-2050. Ese valor pensional bruto es de 14,4% del PIB de subsidios y cotizaciones de 10,8% del PIB que se asumen por el Presupuesto General. En el caso de los maestros este régimen les permite tener menos tiempo de cotización (unos 20 años) y cerca de 30 años de tiempo de disfrute. 

El Gobierno destinó $7,3 billones del Presupuesto General de 2019 a las pensiones de los profesores para cubrir 206.000 pensionados y $7,7 billones a las pensiones y asignaciones de los militares para cubrir a 250.000 personas. Las pensiones de Fopep Cajanal se llevan $7,5 billones y las del resto de ese Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacional se llevan $3 billones. Ambos cubren cerca de 320.000 personas. Una situación que es insostenible y que delata que el resto de colombianos pagan impuestos para garantizar estas mesadas. 

Los ministerios de Hacienda y de Trabajo, decidieron con mucho olfato no meter la reforma pensional en esta legislatura para evitar caer en la polarización, pero es una tarea que está pendiente, al menos en lo que tiene que ver con los regímenes especiales. Tocar estos temas con las fuerzas del orden público y el otrora llamado magisterio puede ser destapar una Caja de Pandora que algún día debe hacer un mandatario. Entendemos que reformar la Ley 100 no es prioritario, pero costear todas esas obligaciones del Fopep sí es un costo muy elevado para todos.

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