La compraventa de libranzas se está convirtiendo en el pretexto perfecto para captar recursos ilegalmente. Dinero revela el modus operandi de una firma dedicada a esta actividad y sus vínculos con una prestigiosa comisionista de bolsa.
El asunto no es menor. En líneas gruesas, consiste en una proliferación de compañías que, ocultas tras un ropaje de legalidad, convencen a incautos inversionistas de desembolsar sus excesos de liquidez en un negocio que a primera vista podría lucir muy atractivo: la compra de pagarés libranzas, a cambio de recibir rendimientos de hasta 30% mensual. A estas alturas del partido, la non sancta actividad no solo ha dejado cientos y cientos de víctimas sino que ha servido para captar por lo menos $100.000 millones de manera fraudulenta en toda Colombia.
Como suele ocurrir con este tipo de compañías que prometen ríos de miel sobre hojuelas, en sus etapas tempranas los estafados reciben los dividendos pactados. La estantería, no obstante, se viene a pique cuando las captadoras dejan de cumplir con sus obligaciones y, a renglón seguido, desaparecen sin dejar rastro.
Tal es la dimensión del problema que, según documentos internos de la Superintendencia de Sociedades, 27 personas naturales y cuatro empresas legalmente constituidas –Ereisa S.A.S, Planeación Financiera Integral S.A., Link Global S.A. y Gestión Patrimonial S.A.- han sido intervenidas en los últimos meses precisamente por dedicarse a la captación ilegal mediante el esquema de libranzas.
Dentro de ese enjambre de compañías descuella –por haber recaudado alrededor de $30.000 millones– Gestión Patrimonial S.A., señalada además de envolver en su cuestionable maraña a poco menos de 600 desprevenidos inversionistas (ver artículo La gran estafa, edición 430).
Su caso resulta bien particular y vuelve a aparecer en la arena noticiosa por una razón de peso: aparte de defraudar a centenares de ciudadanos del común, militares y empresarios, también usó a la comisionista Profesionales de Bolsa para llevar a cabo sus engañosas maniobras.
Reporteros de esta Revista accedieron a los contratos, las consignaciones y los certificados con los que Rafael Mauricio Crispín Velasco, representante legal de Gestión Patrimonial, puso en pie su tramoya.
Ver para creer
El 23 de febrero de 2010, la hermana Carmen Elisa Leal Acevedo, representante legal de la comunidad Hermanas de la Presentación de la Providencia de Bucaramanga, estampó su firma en el colofón de un extenso contrato en el que en calidad de compradora se comprometía a desembolsar $310 millones a la firma Gestión Patrimonial a cambio de recibir un documento denominado pagaré-libranza.
Días después, un certificado con fecha del jueves 29 de julio, expedido por la misma empresa Gestión Patrimonial, asegura que $104’917.418 pertenecientes al mencionado contrato, fueron consignados en la cuenta #4006873125 de Profesionales de Bolsa, inscrita a nombre de Gestión Patrimonial.
Para desdicha de las religiosas, los ahorros que en ese momento le confiaron a la compañía de Rafael Crispín Velasco se esfumaron como el viento. Su caso no es el único. Muy similar fue el ocurrido con Sara Hilda Duarte de Villafradez quien, bajo el mismo libreto, entregó $80 millones a Gestión Patrimonial.
Tal y como pasó con la comunidad de las monjas, en su caso Sara Duarte consignó el monto convenido en la cuenta No 103-25953-61 de Profesionales de Bolsa inscrita de igual manera a nombre de la firma de Crispín Velasco. Ella también vio cómo su plata desaparecía.
Pero ahí no se detienen las cosas. Las señoras María Saydé Castaño Durán y Cristina Arana Náder depositaron su confianza en Gestión Patrimonial: las dos le entregaron, a cambio de recibir los ya famosos pagarés-libranza un monto total de $27,3 millones. Suma que en esta oportunidad fue consignada en la cuenta número 040-068731-25 también de Profesionales de Bolsa y que, como parecería ser la costumbre, también se evaporó.
Todos estos episodios son tan solo un botón de muestra del modus operandi de la organización de Rafael Crispín Velasco que, tras su creación en 2003, enfiló baterías hacia la captación ilegal de millonarias sumas de dinero.
Pero, ¿qué relación hay entre esta captadora hoy intervenida por la Supersociedades y Profesionales de Bolsa? Según documentos internos de la comisionista “la sociedad Gestión Patrimonial S.A. (…) abrió (en las oficinas de Profesionales de Bolsa) cuentas en la cartera colectiva valor tesoro con NIT 830.036.380, en abril de 2011 y en la cartera colectiva valor NIT 830.128.694, en julio de 2011, con el fin de invertir sus recursos originados en el desarrollo de sus actividades económicas y su objeto social”.
En palabras simples, eso significa que en efecto existió un vínculo contractual entre la comisionista de Bolsa y la captadora ilegal Gestión Patrimonial. No obstante, tal y como aseguró Teresita Arango Arango, representante legal de Profesionales de Bolsa, a periodistas de Dinero durante una prolongada conversación, su compañía también fue una víctima más del señor Crispín.
“En el momento en que firmamos el contrato con ellos ni siquiera sospechábamos que se trataba de una empresa tendiente a la captación masiva e ilegal de dineros. Por eso, una vez nos enteramos de sus actividades, decidimos cortar cualquier vínculo”, señala Arango Arango.
Así las cosas, mientras todos los afectados por las maniobras de Rafael Crispín Velasco siguen dando la batalla para recuperar lo perdido, la Superintendencia de Sociedades trabaja en un plan de desmonte de Gestión Patrimonial para determinar finalmente de qué manera podrán ser resarcidas las víctimas.
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