Lo que comenzó como un proyecto de ley de financiamiento, para cubrir un faltante de 12,5 billones de pesos en el presupuesto de 2015, terminó convertido en una gran reforma tributaria para los próximos cuatro años.
Después de muchas críticas de analistas y empresarios, el gobierno logró sacar adelante la reforma que, según el Ministerio de Hacienda, dejará recursos hasta 2018 por unos 53 billones de pesos. Algunos expertos, sin embargo, creen que la mezcla de impuestos podría dejar una cifra mucho mayor.
Aunque el grueso de la carga estará sobre las empresas, las personas naturales también tendrán que poner su parte. Así, 32.000 sociedades y 52.000 personas naturales pagarán el nuevo impuesto a la riqueza.
En ambos casos, la base gravable será el patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones de pesos, registrado el primero de enero de 2015, con una tarifa máxima para cuando se superen los 5.000 millones. En el caso de las empresas, la tarifa más elevada que pagarán será de 1,15 por ciento en 2015; 1 por ciento en 2016; 0,4 por ciento en 2017, para caer a cero en 2018.
Cabe anotar que se trata de tarifas marginales y progresivas. Es decir, una empresa con patrimonio de 3.000 millones de pesos, por ejemplo, pagará en el primer año —2015— una tarifa por los primeros 2.000 millones (de 0,20 por ciento) y otra por los siguientes 1.000 millones (de 0,35 por ciento). En este orden de ideas, esta empresa pagaría en total un impuesto de 7,5 millones de pesos.
Para las personas naturales la tarifa máxima del impuesto a la riqueza será de 1,5 por ciento, aún en 2018 cuando desaparece para las sociedades.
Aunque en el caso del impuesto a la riqueza, la reforma se centra en los ciudadanos más pudientes de la sociedad, por otras vías, la tributaria obliga al resto de personas a meterse la mano al bolsillo y contribuir. Por ejemplo, a través del cuatro por mil que se mantiene. Este es un impuesto que pagan todos los usuarios del sistema financiero cuando hacen una transacción. Se estima que el cuatro por mil dejará un recaudo en el cuatrienio de 14 billones de pesos. Y nuevamente el gobierno ha prometido desmontarlo. A partir de 2019 la tarifa bajaría a tres por mil; luego a dos por mil en 2020 para llegar a uno por mil en 2021.
La reforma tiene un cambio que tocará a los asalariados. Se trata de la reducción del umbral del Imás (Impuesto Mínimo Alternativo Simple). Este se creó en la Ley 1607 de 2012 y les permite, a quienes lo apliquen voluntariamente, tener su declaración de renta en firme después de seis meses.
Según la ley, podían optar por el Imás quienes tuvieran una renta gravable inferior a 4.700 Unidades de Valor Tributario —UVT— (unos 126 millones de pesos). Pues bien, el gobierno bajó el umbral a 2.800 UVT (unos 79 millones de pesos). La razón es que la Dian se encontró con una sorpresa en las pasadas declaraciones de renta. Muchos de quienes aplicaron el Imás tuvieron saldos a favor, especialmente contribuyentes en el rango entre 6 y 13 millones de pesos de salario. Estas devoluciones se estiman en 210.000 millones de pesos. Ahora, al bajar el tope, más contribuyentes tendrán que optar por el Imán (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) que establece un piso para el pago de impuestos.
¿Afectará la inversión?
Una de las principales críticas que recibió el proyecto —desde los primeros borradores que se conocieron— tuvo que ver con el efecto que tendrá en la inversión, dada la mayor carga tributaria que impone a las sociedades.
Fedesarrollo señala que aunque la reforma resultó menos nociva que la propuesta inicial —cuando giraba alrededor del impuesto al patrimonio— no se puede negar que tendrá un impacto importante sobre las empresas y el sector productivo nacional.
El gobierno espera que el recaudo del impuesto a la riqueza de las empresas se ubique en 6 billones de pesos el próximo año, significativamente mayor al esquema actual en el cual se están recogiendo alrededor de 4,5 billones por concepto del impuesto al patrimonio. Por todos los años de vigencia de este gravamen se recaudarían cerca de 11 billones de pesos.
El exministro de Hacienda Guillermo Perry dijo en su columna de El Tiempo que no es cierto que este impuesto afecte solo a los ricos como se ha dicho. “Gravar el patrimonio de las empresas afecta tanto accionistas ricos como no ricos, pero ante todo reduce el empleo de trabajadores pobres y clase media”.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defiende su reforma. Afirma que no afecta en lo más mínimo a la clase media. En términos de empleo, dice, hubiera sido un gran error desfinanciar la inversión pública en un entorno de debilidad de la demanda externa. “Dar reversa en este momento frente a ingresos que existen desde 2003 y a programas de inversión que apoyan el crecimiento actual sería una grave equivocación”.
Según Fedesarrollo, el impuesto a la riqueza, junto a la sobretasa del Cree (Impuesto sobre la Renta para la Equidad), implica que las empresas van a pagar un monto de impuestos sustancialmente mayor en 2015 frente a lo que venían pagando, en un contexto en el cual la economía puede estar entrando en un periodo de desaceleración. “Bajo este contexto, se puede generar un efecto negativo tanto en el comportamiento de la inversión doméstica como en la extranjera”.
Esta sobretasa al Cree grava las utilidades iguales o superiores a los 800 millones de pesos. La tarifa será del 5 por ciento en 2015; 6 por ciento en 2016; 8 por ciento en 2017 y 9 por ciento en 2018. Se estima que este gravamen dejará entre 28 y 30 billones de pesos en los próximos cuatro años, aunque se trata de un recaudo incierto, pues está atado al desempeño de las empresas y naturalmente de la economía.
Se calcula que la sobretasa al Cree recaerá sobre 7.300 empresas, dentro de un volumen de 238.000 que vienen pagando el impuesto sobre la renta para la equidad.
Si bien hubo acuerdo entre el Consejo Gremial y el gobierno para mezclar el impuesto a la riqueza con la sobretasa al Cree, algunos empresarios quedaron preocupados, entre ellos la industria petrolera. Para ellos, la reforma balanceada con un mayor peso en el Cree los afecta considerablemente porque se trata de un sector que genera altas utilidades y al mismo tiempo tiene un patrimonio bajo.
El Cree y la sobretasa también aplicarán a las empresas localizadas en zonas francas creadas después de 2012. No en el caso de las constituidas antes de esta fecha.
Según la reforma, el IVA pagado al adquirir o importar bienes de capital (maquinaria, equipos, muebles de oficina) podrá descontarse en dos puntos del impuesto de renta. Igual sucederá con la maquinaria pesada para la industria básica, cuando se compre en el país. Sobre este mismo particular, fue derogado el artículo que condicionaba el descuento del IVA en función del recaudo.
En la negociación con el Congreso, al gobierno le tocó desistir de la propuesta de cárcel para los evasores. En su defecto, se endurecieron las sanciones para quienes omitan bienes y activos superiores a 8.000 millones de pesos con sanción administrativa correspondiente al 200 por ciento del mayor valor del impuesto a cargo.
El Consejo Gremial logró que se acogiera su solicitud de disminuir la tributación sobre el patrimonio y aumentarla por la vía de las utilidades. Pero, tal vez, lo que realmente valió la pena para los empresarios en la negociación es la promesa de una reforma estructural. Tras una reunión con el presidente Santos, a este organismo patronal le quedó claro dicho compromiso. Ahora está por verse si el gobierno pone en marcha esta idea. Si bien quedó la obligación legal de crear una comisión de expertos que estudiará el sistema tributario y hará una propuesta en esta materia, no ha quedado claro de parte del Ministerio de Hacienda que eso se haga en el mismo 2015, cuando se lleve al Congreso una reforma de esta naturaleza.
Por lo pronto hay muchas preocupaciones frente a los efectos de la nueva carga impositiva. Para Fedesarrollo, el hecho de concentrarse en las empresas tanto a través del impuesto a la riqueza como de la sobretasa al Cree, no contribuye a estimular la actividad productiva ni tampoco la equidad.
Ante las críticas al modelo de tributación, el ministro Cárdenas afirma que el país avanzó al moverse hacia un modelo basado en las utilidades y no en el patrimonio. “Lo que tendremos ahora, sin ser perfecto, es mejor a lo que teníamos”.
Ahora, como dice Leonardo Villar de Fedesarrollo, la aprobación de esta reforma era indispensable y urgente, en las condiciones actuales. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que durante el cuatrienio se necesite una reforma fiscal adicional.
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