Reza el adagio popular que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
El país nacional y empresarial están en alerta amarilla por los anuncios estatales que dan cuenta de una nueva reforma tributaria de carácter coyuntural, por definición, de corto plazo, que en lugar de resolver los problemas estructurales inherentes al Estatuto Tributario de casi mil artículos, los agrava.
En esta ocasión, la propuesta oficial de tributación de 25,4 billones de pesos que se radicaría después de la Semana Santa –la tercera de este cuatrienio– sagazmente se camufla en medio de un proyecto de ley que propone volver vitalicio el programa de ingreso solidario y el gasto social a favor del 38% de la población más vulnerable, concebidos, ambos, para enfrentar los terribles efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19.
Reza el adagio popular que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Por muy buenas que estas sean, como ocurre ahora, con esta propuesta fiscal no se resuelve la complejidad, la inequidad ni la ineficiencia impositiva colombiana, la cual a buen seguro desincentivará la inversión productiva y la competitividad del país.
En Colombia hay numerosos gravámenes y múltiples regímenes tributarios, similares a una colcha de retazos, que exigen, en promedio, 256 horas de preparación, contra l59 horas en los demás países miembros de la Ocde.
Si bien es cierto que el recaudo fiscal en Colombia de 19,4% como porcentaje del PIB es menor que en el resto de América Latina (23,1%) y en la Ocde (34,3%), la realidad es que las empresas que tributan en nuestro país enfrentan una cascada efectiva de gravámenes confiscatorios de las utilidades del 71,2%.
Esta carga se reparte en tramos más o menos iguales entre el impuesto a la renta, las contribuciones laborales y otros gravámenes antitécnicos y distorsionantes, que la comisión de expertos tributarios de este gobierno recomendó eliminar por su negativo impacto en el ahorro y la inversión privadas. Este es el caso del 4 por mil –originalmente de naturaleza temporal– y el impuesto de industria y comercio.
La información pública sobre el paquete tributario en remojo indica que la reforma fiscal incluiría un aumento permanente del impuesto al patrimonio de las personas naturales del 1 al 3% anual –nivel superior a los rendimientos actuales de los TES de tasa fija–, cuya naturaleza confiscatoria fomentaría la fuga de capitales al exterior.
A lo anterior se sumaría la errada consolidación y la ampliación de la doble tributación a través del incremento de la tarifa del impuesto a los dividendos del 10% al 15%, con lo cual la carga impositiva empresa-socio subiría por encima del 75% de las ganancias. En lugar de prescindir del impuesto de industria y comercio, como proponen los expertos, el gobierno planea limitar a la mitad su deducción en el gravamen de renta, con lo cual se elevaría aún más la contribución tributaria empresarial.
Así, mejor no.
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