jueves, 8 de abril de 2021

Así le apunta la reforma a sectores de altos ingresos

Lo que contempla el proyecto en impuesto a la riqueza y dividendos.

Así le apunta la reforma tributaria a sectores de altos ingresosAsí le apunta la reforma tributaria a sectores de altos ingresos


El impuesto del 1 por ciento que debían pagar, de manera extraordinaria, los patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos en el país, durante los años 2019, 2020 y 2021, no solo será permanente sino que su tasa subirá al 3 por ciento.

Una fuente del Gobierno le dijo a EL TIEMPO que las modificaciones de este gravamen, creado por la ley de financiamiento del 2018 y que cobija a unos 7.000 contribuyentes en el país, serán incluidas en el proyecto de reforma tributaria que se radicará en el Congreso.

Cabe recordar que este tributo, con el que se busca recaudar 1 billón de pesos anuales, se impuso, entre otros, a personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta en el país.

El proyecto de reforma se estructuró a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios y se guía, entre otros propósitos centrales, por el aumento del recaudo en el país, la imposición de límites claros a las deducciones de impuestos, el control y racionalización de exenciones y beneficios, el aumento del gravamen de renta para los ingresos más altos y la lucha contra la evasión, particularmente de activos no declarados en el exterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto también fortalecerá el impuesto a los dividendos. Hoy en día, quienes reciben ingresos de 10 millones de pesos o más por este concepto al año pagan una tasa del 10 por ciento. Este porcentaje se elevará al 15 por ciento para quienes obtengan cada año 30 millones de pesos o más por esta vía.

Es importante señalar que la Comisión llamó la atención sobre el hecho de que el recaudo de renta sobre estos ingresos es bajo en Colombia; dado que las empresas no se constituyen en sociedades anónimas, no pagan dividendos como tales, sino como ingresos personales o salarios.

En ese orden de ideas, recomendó crear un impuesto de recaptura de dividendos.Revive el impuesto solidario

El Gobierno propondrá también que el impuesto solidario, que se creó mediante el decreto 568 del 2020 para financiar ayudas para la clase media vulnerable afectada por la pandemia, cobije a todos los trabajadores (públicos y privados).

La norma, que fue derogada por la Corte Constitucional en agosto, impuso un gravamen de entre el 15 y el 20 por ciento a funcionarios, contratistas y pensionados del Estado que tuvieran ingresos iguales o superiores a los 10 millones de pesos. El decreto ordenó que a estas personas se les descontaran estos porcentajes en mayo, junio y julio del año pasado.

De acuerdo con la Corte, el decreto violaba principios de generalidad del tributo y la equidad horizontal, al aplicarse específicamente sobre el empleo público. Teniendo en cuenta estos reparos, el Gobierno revivirá el impuesto, que cobijará, tras la reforma, a todos los trabajadores que luego de descontar aportes a salud y pensión, devenguen mensualmente estos montos.

Aunque la tasa todavía no se ha definido, este gravamen se cobraría solo por seis meses y tendría una compensación: los contribuyentes podrán deducir los recursos que aporten de futuros pagos que deban hacer por concepto de renta.

Otro punto clave de la reforma se refiere al incremento del impuesto de renta para los ingresos más altos. La Comisión señaló en su informe que el sistema tributario cuenta con al menos 12 incentivos de los que echan mano quienes declaran renta para reducir el valor del impuesto por pagar, obtener saldo de cero e incluso a favor; por esta razón, cada año, de acuerdo con cuentas de la Dian, el país deja de recaudar unos 17,1 billones de pesos.

El Gobierno tomó atenta nota de la recomendación de reformar o eliminar estos beneficios para lograr que, al final del día, la tarifa de renta efectiva por pagar en todos los casos no sea menor al 20 por ciento.

Hoy, una persona que en Colombia acumula, por ejemplo, ingresos de 480 millones de pesos al año tendría que pagar, de acuerdo con el estatuto tributario, una tarifa del 39 por ciento. No obstante, tras aplicar todas las exenciones y beneficios, la tasa efectiva se reduce al 16 por ciento. La reforma buscará corregir distorsiones como esta.

Finalmente, y como ya lo había sugerido la Comisión y enunciado el Gobierno, se aplicará un impuesto a las pensiones más altas. La idea inicial es empezar a gravarlas a partir de los 7 millones de pesos al mes.

El proyecto también propondrá que las empresas puedan seguir tomando como descuento tributario del impuesto de renta, el 50 por ciento de lo efectivamente pagado por industria y comercio (ICA). Por otro lado, buscará que se congele, por 3 años, la reducción progresiva que venía dándose sobre la renta corporativa, que hoy es del 30 por ciento.Se amplía la base del IVA

A los anteriores ajustes, que constituyen un componente importante de la reforma, el Gobierno sumará el incremento de la base gravable del IVA, dado que por cuenta de las exenciones y exclusiones el país deja de recibir 51,6 billones de pesos anuales. Es claro que, por ahora, no se tocarán bienes ni servicios básicos.

La Comisión recomendó que al tiempo que aumenten los bienes y servicios gravados, crezca también el número de familias que reciben compensación del IVA y se eleve el valor de la devolución, que hoy es de 76.000 pesos, cada dos meses.

De hecho, el paquete de reformas incluye una agenda de transformación social que busca que algunos programas creados para mitigar los impactos de la pandemia entre los más pobres, como la devolución del IVA, se vuelvan permanentes y sostenibles. El objetivo es cobijar con ellos a 5 millones de hogares en vulnerabilidad y pobreza extrema, es decir, a unos 20 millones de colombianos.Agenda para los más pobres y vulnerables

A través de la Agenda de Transformación Social, que el Gobierno Nacional también llevará en breve al Congreso, se busca garantizar el flujo de ayudas para cinco millones de familias (unas 20 millones de personas), que están en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema.

El primer punto de la agenda propone aumentar el alcance del programa Ingreso Solidario, que fue creado para mitigar el impacto económico de la pandemia entre las familias más pobres del país; cada uno de los tres millones de hogares que hoy se benefician recibe un giro mensual de 160.000 pesos. El Estado destinó, el año pasado, 4,3 billones de pesos para financiar el programa.

El segundo punto de la agenda propone la extensión de la compensación del IVA, que en 2020 llegó a un millón de familias; cada una de ellas recibe 76.000 pesos bimestral. De acuerdo con Prosperidad Social, la meta para este año es aumentar a dos millones la cantidad de hogares beneficiados.

La tercera propuesta de la agenda es la consolidación del Fondo de Solidaridad Educativa, mediante el cual se garantizó la matrícula cero a cerca del 70 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas, durante la pandemia.

Para enfrentar el alto desempleo juvenil, que se ubicó en el 22,5 por ciento entre noviembre y enero, la agenda propone crear un incentivo para la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años, por un periodo de cinco años. Se buscará que el Congreso apruebe que la nación asuma los aportes a seguridad social.

El quinto punto plantea extender durante este año el Paef, que es el subsidio a las nóminas de empresas cuyos ingresos se afectaron por la pandemia en al menos un 20 por ciento. Hasta marzo, cerca de 130.000 micro y pequeñas firmas habían recibido recursos por 5 billones de pesos, con lo que se protegieron 3,9 millones de empleos. El sexto punto de la agenda busca aliviar la carga tributaria de estas empresas, que concentran el mayor número de puestos de trabajo.Urgen ajustes en la región: BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Informe Macroeconómico Anual, dado a conocer durante la 61.ᵃ Asamblea de Gobernadores que culminó el domingo en Barranquilla, señaló que los países de América Latina y el Caribe necesitan implementar, con urgencia, reformas fiscales para preparar el terreno hacia una recuperación sostenible poscovid.

La hipótesis de base del informe es que la región crecerá un 4,1 por ciento este año tras la caída de 7,4 por ciento del año pasado. Para alcanzar un mayor ritmo de crecimiento, América Latina necesita implementar reformas que apunten a mejorar la productividad, ayuden a conectar a las empresas a las cadenas globales de valor y promuevan la economía digital y la creación de empleo en forma inclusiva, sostenible y resiliente.

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