Ninguna economía de mercado puede funcionar sin la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Sin embargo, este asunto fundamental raramente recibe la atención que merece dentro del debate público, inclusive en términos históricos.
La Declaración de Independencia de Estados Unidos, por ejemplo, pasa por alto el derecho fundamental a la propiedad, y se limita a mencionar los derechos inalienables a “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Pese a esta omisión, EE.UU. se beneficia de una larga tradición de la defensa de la propiedad privada, hecho que refleja la última edición del Índice Internacional de los Derechos de Propiedad, donde el país ocupa el puesto número 12 entre 129 naciones.
Por su parte, Colombia se sitúa en el puesto 63 del índice, el cual elabora y publica la Property Rights Alliance de Washington desde 2007, bajo el liderazgo del prestigioso economista peruano Hernando de Soto.
En buena medida, el resultado mediocre de Colombia en la protección de los derechos de propiedad se debe a su constante inestabilidad legal y política, uno de los componentes que evalúa el índice junto a la defensa de la propiedad física y la intelectual. Según el escalafón, Colombia carece de un sistema de justicia independiente, del imperio de la ley y de controles eficientes a la corrupción.
Por otro lado, la inestabilidad política ha aumentado; cómo olvidar que, hace poco más de un año, un candidato presidencial que se disputó el balotaje proponía convocar una nueva asamblea constituyente, expropiar grandes empresas y paralizar el sector minero. Bajo tales circunstancias, el país ocupa el puesto 95 en el subíndice legal y político, lo cual deja a Colombia cerca de los últimos puestos a nivel global.
¿Por qué es nuestro ambiente político y legal tan poco favorable a la protección de la propiedad? Una respuesta la puede proveer la misma constitución política colombiana, la cual garantiza la propiedad privada (artículo 58), pero siempre y cuando cumpla una “función social” y no sea incompatible con una “utilidad pública” e “interés social”.
En Colombia, el intento de determinar- desde la rama judicial- lo que constituye un uso apropiado de la propiedad privada incentiva a la justicia a sobrelimitarse en cuanto a sus funciones esenciales, lo cual produce arbitrariedades de todo tipo contra el ciudadano propietario. De hecho, son infinitas las excepciones ambientales, burocráticas y sencillamente anti-empresa que pueden surgir para permitir la violación- irónicamente legal- de los derechos naturales a la propiedad privada de todo colombiano.
Por otro lado, el imperio de la ley no se fortalece con la expedición de una creciente cantidad de leyes, proceso que conduce a la actual inflación legislativa, sino con el cumplimiento de las leyes existentes, sobre todo las que conciernen los derechos fundamentales, como aquel de la posesión, el uso y la debida explotación de la propiedad privada.
En últimas, la opción frente a los colombianos es sencilla: ¿queremos ser semejantes a países como Finlandia, Nueva Zelanda y Suiza, los máximos protectores de la propiedad privada en sus respectivas sociedades, o preferimos descender al nivel de Angola, Venezuela y Haití, naciones que ocupan los últimos lugares del Índice Internacional de los Derechos de Propiedad?
Pese a los retos que enfrenta el país, tengo la convicción de que una amplia mayoría de colombianos le dan un gran valor a la propiedad privada y a las buenas costumbres que emanan de cuidar lo propio y respetar lo ajeno. Ciertamente fue el caso de mi abuelo paterno, quien, antes de morir a la edad de 102 años, afirmó de forma categórica que lo importante en la vida es “vivir de lo propio y hacerse un destino”. En otras palabras, la propiedad privada es fundamental para que cualquier persona pueda determinar sus iniciativas, disponer de lo suyo y no depender de la voluntad de otros.
Esta filosofía no es meramente individualista. Como bien sabía Adam Smith, el cuidado individual de la propiedad privada engendra, curiosamente, el bienestar para todos los demás.
https://www.larepublica.co/opinion/proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-2931746
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