La Superintendencia de Sociedades adelanta proyectos tendientes a proteger el patrimonio de los colombianos que caen en manos de pirámides u otro tipo de organizaciones que hacen captación ilegal de dinero.
Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.
El Superintendente de Sociedades “quema sus últimos cartuchos” antes de que termine el presente gobierno, con el fin de dejar definidas normas que permitan meter en cintura a empresas como las de libranzas, que en varios casos han causado duros golpes a los los bolsillos de muchos colombianos.
El Superintendente, Francisco Reyes, hace un balance sobre varios aspectos de su gestión: los avances registrados en esta materia, cómo de la mano de las firmas de libranzas hay cooperativas que también están implicadas, lo que sucede con el lote de DMG y qué se está haciendo en materia de líos societarios.
De igual forma, el funcionario hizo un balance general de lo que sucedió en materia de resultados empresariales al cierre del año pasado y cómo visualiza a la industria. Estos son los temas de interés en los que trabaja la entidad, comentados por Reyes.
¿Cómo enfrentan el tema de las libranzas?
En materia de libranzas hemos utilizado una estrategia que tiene tres componentes. Uno administrativo que implica avanzar en los procesos y eso significa que se realicen las audiencias, se clasifiquen los procesos y se valoren cientos de miles de documentos. Esto permitió que se realizaran las audiencias de Elite y Estraval y luego se logró consolidar el mapa de cuáles son los acreedores y los créditos, etc. Es decir, esta es la hoja de ruta que permite hacer la liquidación de una compañía de esta naturaleza. También hay una coordinación intra-gubernamental para atraer todos los activos que están vinculados a estas empresas. Por ejemplo, de Colpensiones, Mindefensa y Superintendencia de Economía Solidaria, entre otros. A medida que se avanza, se encuentran activos que son usados para pagar. Pero aquí es importante aclarar que el decreto 4334 establece que el proceso de devolución solo involucra el capital invertido, no es para indemnizar los perjuicios, ni para pagar intereses.
¿Cuáles son los otros componentes?
El segundo componente es legislativo, en el cual se trabajaron dos cosas: un decreto reglamentario de la ley vigente para establecer nuevos requisitos y obligaciones sobre las comercializadoras para que puedan continuar operando y, dos, un proyecto de ley que busca garantizar que una persona o entidad no pueda comercializar libranzas sin ser vigilada por la Superintendencia Financiera. El tercer aspecto es una estrategia de divulgación con la idea de hacer educación financiera sobre los particulares y advertirles el problema de los rendimientos excesivos.
¿A cuántas empresas de libranzas se les adelantan procesos?
Además de Estraval y Elite, están otras como Comercializadora Credicaribe, Ereisa, Gestión Patrimonial, Invertir Confianza, ABC For Winners, Inversiones Alejandro Jiménez y Link Global, entre otras.
¿Y qué pasa con las cooperativas?
A finales del año pasado se intervinieron varias vinculadas con Elite, entre ellas, Coocredimec, Coomuncol, Coomundocrédito, Coovenal y Sigescoop.
¿Qué están haciendo en La Florida?
Dentro de las nuevas estrategias hay una gran noticia y es que por primera vez en la historia del país se logró que un tribunal de Estados Unidos reconozca como juez principal a un tribunal colombiano, en este caso, la Superintendencia de Sociedades y le otorga plenas facultades al liquidador para dirigir acciones en ese país como si fuera un juez americano. Esto se da en el caso de Estraval, lo que ha permitido avanzar en distintas diligencias. Allá hay activos y bienes que se pueden recuperar.
¿Qué va a pasar con el lote de DMG?
Este es un problema jurídico complejo porque tiene implicaciones debido a que la Fiscalía ordenó que este debía quedar a disposición de la liquidación de esta empresa y ha habido unos promitentes vendedores que dicen que el lote nunca le fue cedido a la compañía que fue posteriormente intervenida y sometida a procesos penales. La Superintendencia viene trabajando para evitar que el lote salga del patrimonio de DMG.
¿Hay nuevas DMG?
DMG ha vuelto a aparecer a través de volantes, en los que la gente todavía cree. Esta es una marca poderosa que sigue afectando a incautos que creen que pueden obtener altos rendimientos.
¿Qué pasa con Servientrega?
Está en investigación con el fin de determinar la forma como se estructura el conglomerado.
¿Cómo van los procesos de litigios societarios?
Se registran casi 500 casos por problemas entre socios, conflictos con miembros de juntas directivas, conflictos de interés, desestimación de la personería jurídica, impugnación de decisiones de asamblea, abuso de mayoría, etc. Antes no había jurisprudencia societaria, pero se creó el juzgado y la gente comenzó a hacer uso de esta herramienta como mecanismo de resolución de conflictos. Un proceso dura entre 6 y 8 meses, y la idea es bajar ese tiempo.
¿Cómo se creó este mecanismo?
Se creó con la Ley de las SAS y es un tribunal judicial que entró en funcionamiento en 2012 y hoy trabaja con 15 personas con salas de audiencias en diferentes regiones con la idea de descentralizar ese servicio.
Balance empresarial
El año pasado no hubo aumento significativo de procesos de reorganización.
Las cifras en materia de reorganizaciones y liquidaciones no han aumentado sensiblemente. Los años 2015 y 2016 fueron muy complicados por la caída del precio internacional del petróleo, que en su momento generó una bonanza alrededor de esta industria y de las empresas de servicios, pero que con la caída también ocasionó un coletazo que incluso en 2017 todavía impactaba. En ese orden de ideas, si se mira la composición de empresas que entraron en reorganización y liquidación el año pasado no hay un sector específico que se destaque, pues no hubo un commodity que se hubiera afectado. Los casos que se registran tienen otras razones, como manejos administrativos, falta de liquidez, dificultades para acceder al crédito y conflictos societarios.
La incógnita es cómo se van a presentar las utilidades en el ejercicio de 2017, lo que en realidad mostrará cuál fue el impacto de la desaceleración registrada. Es importante mirar la rentabilidad y revisar el nivel de endeudamiento, por ejemplo. Las cifras de la Supersociedades indican que en 2017 fueron admitidos 303 procesos de reorganización, mientras un año atrás la cifra fue de 264. Este dato incluye tanto personas naturales como jurídicas.
La segunda pasó de 199 en 2016 a 214 en 2017, lo que indica que el dato de mayor crecimiento se dio en personas naturales, que pasó de 65 a 89, con un incremento de 37%. En lo que hace referencia a liquidaciones, se registró una reducción. Mientras en 2016 se admitieron 149 procesos, el año pasado el dato fue de 138, lo que evidencia una reducción de 7%. Estas cifras indicarían que la situación empresarial no fue tan compleja como se esperaba.
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