Llegó la hora para que las personas con activos en el exterior normalicen su situación tributaria. Dinero le explica cuáles son los riesgos si no se acoge.
Santiago Rojas, director de la Dian.
Del 9 al 22 de mayo próximos, los contribuyentes colombianos empezarán en forma su año gravable 2017, cuando las personas obligadas a declarar y pagar el impuesto a la riqueza, lo hagan. Este podría ser un periodo más dentro del cronograma oficial de los impuestos en Colombia; sin embargo, también va a ser un momento único para muchos, pues es la última oportunidad para que las personas obligadas reporten lo que técnicamente se conoce como activos omitidos o pasivos inexistentes de sus declaraciones tributarias.
Básicamente, de lo que se trata es de que todo colombiano sincere su situación patrimonial con el fisco, pues son muchos los que han optado por mantener sin registrar sus pasivos en el exterior o han inflado sus deudas con el objetivo, específicamente, de reducir el volumen de impuestos que deben pagar en el país.
La posibilidad de enmendar esos errores fue abierta por la reforma tributaria de 2014, que señala que quienes hagan este proceso de normalización lo pueden hacer pagando un impuesto equivalente a 10% del valor de los activos omitidos o los pasivos inexistentes durante 2015; para 2016, la tarifa subía a 11,5% y para 2017 es de 13%.
“Esta fue una oportunidad que abrió el Congreso de la República en 2014 para ponerse al día con los impuestos”, explicó el director de la Dian, Santiago Rojas, quien destacó que lo que debería hacer la mayor parte de contribuyentes que estén en esta situación es reportar a las autoridades su patrimonio real, para lograr mayores niveles de transparencia fiscal en Colombia.
Son cuatro las razones que esgrime el director de la Dian para hacer este llamado a la cordura tributaria. Primero, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 551 de 2015, dejó en firme el mecanismo. Muchos contribuyentes no hicieron caso al llamado a la normalización durante los anteriores dos años, pues sentían que, eventualmente, la Corte podría decretar la inconstitucionalidad de la medida, lo que los dejaría en el peor de los escenarios: revelando todo su patrimonio y bajo la amenaza de graves multas y sanciones por haber omitido o incorporado información incompleta o falsa en sus declaraciones. El aval de la Corte a la normalización le quitó el riesgo jurídico al mecanismo.
El segundo aspecto se deriva del anterior pronunciamiento. El asunto es que cada vez se cierra más el espacio para que haya una nueva normalización tributaria en el futuro. La Corte Constitucional señaló en la sentencia sobre este mecanismo que de ninguna manera una nueva normalización puede implicar una ventaja para los incumplidos frente a las personas que tradicionalmente cumplen con sus obligaciones tributarias. Además, a esto hay que sumarle que el ambiente político está bastante caldeado y será muy difícil que el Congreso vuelva a tener en consideración un proyecto de ley que establezca una normalización tributaria para quienes, como piensan muchos, han querido burlar la fe pública y no pagar todos los impuestos que deben.
El tercer aspecto tiene dos facetas: a) los que se acojan al procedimiento van a sanear su situación tributaria, pues la normalización no tiene ninguna implicación penal respecto de los errores y omisiones de las declaraciones anteriores; así no tendrán ninguna complicación adicional. Por el contrario, b) quienes no se acojan y no normalicen su situación patrimonial frente a las autoridades, persistiendo en las malas prácticas pueden terminar acusados penalmente y pagando una multa equivalente al 20% del valor del activo. La última reforma tributaria incluyó como delito la “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”. Según la norma, quien incurra en esta conducta por una suma superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes podría ir a la cárcel por un periodo entre 48 y 108 meses. Adicionalmente, por la imprecisión en la declaración tributaria se haría acreedor a una multa de 200% del impuesto a cargo dejado de pagar.
El cuarto y último aspecto se refiere, según Rojas, a que cada vez será más difícil ocultar activos en el exterior, pues el país ha consolidado un paquete de acuerdos para intercambio de información con más de 200 países, lo que hará que fácilmente se sepa qué colombianos tienen activos ocultos en otras jurisdicciones.
Desde el pasado 31 de marzo, Colombia forma parte de la lista de países con intercambio de información con Estados Unidos, por la vía del Fatca; esta es una ley estadounidense que exige a todas las entidades financieras extranjeras entregar la información que posean sobre los contribuyentes de ese país.
“El pasado 31 de marzo Estados Unidos nos metió en la lista y el 6 de abril pasado nos llegó la primera información de colombianos con activos financieros en Estados Unidos para las vigencias de 2014 y 2015. El 3 de septiembre próximo nos llega la información de 2016”, aseguró Rojas.
La información se refiere a los activos financieros como cuentas, seguros, acciones y bonos que estén a nombre de colombianos en Estados Unidos.
Foto: Estados Unidos entregó información sobre los activos financieros que tienen los co-lombianos en ese país, como acciones, bonos y otros títulos valores.
Además de esto, en septiembre próximo 106 países que pertenecen al Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la Ocde empezarán a poner a disposición de los países firmantes todos los datos de sus jurisdicciones. Allí hay información de América, Asia y Europa; a todo esto se suma que Panamá firmó esta convención y, en consecuencia, en 2018 va a tener que compartir toda su información.
En pocas palabras, el cerco está cerrado para todas aquellas personas que, por las razones que sean, no han aclarado todas sus cuentas con las autoridades fiscales y tributarias de Colombia.
Foto: Panamá es una de las jurisdicciones que se sumará al intercambio de información a partir de 2018
Según las cifras de la Dian, en las dos anteriores vigencias, cuando el impuesto por normalización a pagar tenía una tarifa de 10% y 11,5%, respectivamente, fueron recaudados $867.000 millones, lo que corresponde a más de $8 billones en activos. Según el director de la entidad, se espera que, en esta oportunidad, se recaude un monto similar, lo que significa que, globalmente, el mecanismo de normalización habrá servido para aclarar las cuentas por activos cercanos a $16 billones y un recaudo tributario extraordinario cercano a los $1,7 billones.
Rojas explicó que “es claro que debe haber más dineros por fuera. Sin embargo, con las acciones de control que estamos desarrollando desde ya, vamos a lograr que la cifra de recaudo por este concepto se multiplique en el futuro”.
Buen mecanismo
Foto: Diego Cubillos Socio Tax & Legal Clients & Markets de Deloitte.
De acuerdo con Diego Cubillos Pedraza, Socio Tax & Legal Clients & Markets de Deloitte, se ha evidenciado un interés por parte de los contribuyentes de incluir activos o quitar pasivos que venían declarando.
“Aunque sí están interesados, no significa que haya existido una intención de evadir. A menudo los contribuyentes tenían que hacerlo por la misma complejidad de la norma, por la falta de claridad del estatuto, por lo complejo de la ley; por esta razón, muchas personas declararon activos por valores inferiores o no los declararon”, aseguró.
El experto comentó que, si bien este año hay interés, la mayor parte de los contribuyentes se acogió a la normalización durante los dos años anteriores, porque en su concepto esto generaba un gran efecto.
“Lo que dice la Dian al respecto es cierto –aseguró Cubillos–, en el sentido en que ha hecho bastantes acuerdos con diferentes países del mundo, esto hace que la administración no solo tenga herramientas para auditorías a nivel local, sino para hacer revisiones a nivel internacional; esto no era fácil y era inconcebible que en Colombia muchos contribuyentes no declararan, porque era muy difícil que la Dian los detectara. Con las nuevas herramientas, ya es difícil esconder estos activos”.
Destacó un beneficio adicional y es que al normalizar activos y pasivos este año y pagando el impuesto respectivo, los contribuyentes no quedarán expuestos a la renta gravable por comparación patrimonial, que se aplica cuando hay variaciones injustificadas de patrimonio de una vigencia a otra.
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