El 70 por ciento de las mujeres con empleo en Perú trabaja en el sector informal, sin que pueda gozar de ningún beneficio laboral, alertó en Lima el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer.
La delegación de la ONU presentó las conclusiones y recomendaciones preliminares del informe que entregará en junio del 2015 al Consejo de Derechos Humanos, como resultado de su misión oficial en Perú.
Entre sus primeras recomendaciones al Gobierno de Perú está realizar más esfuerzos por combatir la discriminación de género y la violencia, el machismo y el racismo que sufren las mujeres peruanas, así como la mejora en el acceso a la Justicia y la correcta reparación del daño sufrido por las mujeres en la guerra interna entre 1980 y el 2000.
"En la última década, el país experimentó un rápido y sostenido crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero esto no ha traído oportunidades de trabajo decente para la mayoría de los peruanos, con las mujeres particularmente afectadas por la precariedad del empleo", lamentó la costarricense Alda Facio.
La experta reiteró que 7 de cada 10 mujeres que trabajan "están empleadas en el sector informal, sin seguridad social, vacaciones anuales, licencia por maternidad, permisos por lactancia, cobertura de salud ni pensiones de jubilación".
Testimonios
Las relatoras lamentaron que la violencia está prácticamente en todos los ámbitos de la vida, "incluyendo el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos".
Los testimonios recogidos por las expertas durante su misión reportaron "un aumento de la violencia sexual y la trata de niñas", provocada por las industrias extractivas", que conlleva "un daño en su patrimonio cultural".
"Muchas de las mujeres con las que hablamos, en especial las mujeres rurales e indígenas, se enfrentan a enormes obstáculos en la búsqueda de justicia debido al alto costo, las barreras del idioma, la falta de familiaridad con sus derechos y la desconfianza en el poder judicial y la Policía", indicaron.
Las integrantes de la delegación de la ONU también incidieron en la alta tasa de embarazo adolescente que registra Perú, un país donde "las jóvenes tienen prohibido obtener anticonceptivos si no van acompañadas por un tutor".
Tampoco pasaron por alto el "número alarmante de esterilizaciones forzadas" que el Gobierno de Alberto Fujimori hizo en la década de 1990 como una forma de control de la natalidad para las mujeres pobres, "sin compensación o proceso judicial".
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