En el país, todo parece haberse juntado para que hoy haya más gasto estatal, menos plata y más necesidades. El resultado: el Congreso debate un presupuesto para el 2015 que prevé gastar 216 billones de pesos, pero los ingresos se quedan cortos en 12,5 billones. Así, el Gobierno está a punto de radicar en el Legislativo una reforma tributaria que sirva para que se puedan cumplir las promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos (en educación, infraestructura y paz).
Sin embargo, la discusión se enciende a dos años de otra reforma, lo que ha llevado a observadores a decir que la iniciativa del 2012 no dio los frutos esperados.
El crecimiento del recaudo empezó a menguar. En el primer semestre de este año crecía 7 por ciento, mientras en el 2011 y el 2012 aumentaba entre 25 y 32 por ciento.
Los críticos han atribuido tal caída a la medida de bajar el impuesto de renta de las empresas de 33 a 25 por ciento y haber aumentado la carga a la población en general, por ejemplo, a través del IVA.
Según cálculos de la Red de Justicia Tributaria, “la tasa de crecimiento del impuesto de renta en este año ha disminuido en 24 por ciento, mientras que la del IVA aumenta en 11 por ciento”.
A ello se agrega que la producción de petróleo también está en letargo y, por lo tanto, genera menos impuestos y regalías, con las cuales se hacen obras en las regiones.
El efecto negativo se verá con claridad el próximo año, pero desde ya se sabe, por ejemplo, que a agosto, el país ha exportado 5 millones menos de barriles de petróleo. Solo por este lado, el país ya deja de contar con 700.000 millones de pesos.
En contraste, los gastos suben. El funcionamiento del Estado para el próximo año costará 121,1 billones (56 por ciento del total, que es de 216 billones de pesos).
“Es preocupante que se haya aprobado el monto de un presupuesto sin fuentes de financiamiento claras. Más aún, porque el Presidente, en su campaña, nunca habló de impuestos. Veo mucha improvisación”, dijo la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático.
Para financiar el faltante del presupuesto del próximo año, el Gobierno tiene claro que echará mano de los recursos adicionales que generarán el mantenimiento del impuesto al patrimonio y el 4 x 1.000. El primer gravamen iba a ser desmontado este año y el otro quedaría en 2 puntos y bajaría hasta desaparecer en el 2018.
Pero las cuentas del Gobierno parece que no cuadraban. Fedesarrollo alertó que “por patrimonio se recaudan 4,5 billones de pesos y por dos puntos del 4 x 1.000 se obtienen 2,9 billones. Entre los dos impuestos suman 7,4 billones, por lo tanto, faltan 5,1 billones de pesos de los 12,5 billones que se requieren de urgencia”.
Fue así como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sacó una nueva carta, la de bajar la base de cobro del impuesto al patrimonio de 1.000 a 750 millones de pesos, que permitiría recaudar 8,8 billones de pesos, pero el anuncio alborotó a los congresistas y gremios y terminó sepultado.
Inclusive, entre parlamentarios que respaldan al Gobierno hubo rechazo, pues estimaron que se recargaba la obligación tributaria sobre pequeñas y medianas empresas y tocaba a colombianos que tienen una única propiedad que se les valorizó por el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda.
Según cálculos del propio Ministerio de Hacienda, de los 90.0 00 contribuyentes del impuesto al patrimonio esperados, si este se hubiera cobrado a partir de 750 millones de pesos, 83.841 tenían patrimonios menores de 3.000 millones de pesos, es decir, el rango más bajo. A esto, Cárdenas dijo que “el 95 por ciento del recaudo por patrimonio viene de contribuyentes con más de 8.000 millones de pesos. El recaudo en el rango de 750 a 1.000 millones tenía poco impacto. Los ingresos que obtendremos serán prácticamente los mismos”.
De todos lados llueven propuestas para tapar el hueco. Una de las más sonadas, aunque menos populares, es la hecha por el gremio de instituciones financiera, Anif: desmontar el 4 x1.000 y reemplazarlo por “un aumento en la tasa general del IVA, la cual pasaría del 16 al 17 por ciento durante 2015-2016, y posteriormente a 18 por ciento a partir del 2017”.
De tajo, el Gobierno dijo que por ahora no, aunque no descarta que sea uno de los ases para una futura reforma previendo que el país necesitará más plata para los grandes gastos que siguen.
Por ejemplo, “en educación se necesitarían 10,5 billones adicionales para el 2015 y 47,6 billones para el cuatrienio”, según proyecciones del Partido Verde en un debate en el Congreso.
Hasta ahora, Cárdenas ha dicho que apuntará más a controlar la evasión y a apretar el cinturón, reduciendo el gasto en celulares y viáticos y congelando la nómina.
Senadores como Antonio Navarro plantean recuperar recursos quitando deducciones a empresas mineras y exenciones tributarias a las sociedades por acciones simplificadas (SAS), lo que, estima, daría 1,6 billones de pesos. Además, “el impuesto a los dividendos, a una tasa de 5 por ciento con retención en la fuente de 1 por ciento, daría 1,4 billones, mientras que volver permanente el punto adicional del impuesto Cree daría 0,34 billones”.
De cualquier forma, la solución sería momentánea, lo que deja abierta la puerta para una nueva reforma tributaria en el futuro próximo.
¿Quiénes serán los más afectados con el nuevo apretón tributario?
Desde la pasada reforma tributaria no cesan los reclamos de los colombianos que sienten que hay una mayor carga para la clase media. “Colombia no puede seguir cargando a la clase media con impuestos”, aseguró el presidente del Congreso, José David Name.
No obstante, Julio Roberto Piza, director de Derecho Fiscal de la Universidad Externado, expresó que tal afirmación tiene más un sentido político, pues la clase media en el país es casi inexistente. “Hay 21 millones de personas económicamente activas, de las cuales, 18,5 millones tienen ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. Solo 2 millones cuentan con ingresos superiores a 3 millones de pesos mensuales y 92.000 personas cuentan con ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos. Es decir, una sociedad pobre y muy desigual”, dijo.
Para el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, lo más grave es que la clase media no está recibiendo beneficios por el esfuerzo que hace al pagar sus impuestos, “ni en educación, ni en salud pública, ni en infraestructura de calidad o transporte público. De ahí su frustración”. Dice que el inconformismo se resolvería con un gran acuerdo, a través del cual “el Estado gasta y ejecuta bien para que haya bienes públicos de calidad para la clase media. Así, la gente deja de evadir y presiona a todos a los que evaden. En Estados Unidos, por ejemplo, a quien no delata la evasión le imponen el 10 por ciento de la sanción. Así, los contadores tendrían el incentivo de informar sobre sus empleadores”.
¿Qué tendrá la reforma?
Tras el intento de ampliar la base para el pago del impuesto al patrimonio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que la reforma tendrá cuatro puntos: uno para dejar por cuatro años más el impuesto al patrimonio, a partir de 1.000 millones de pesos, con tarifas más altas que las vigentes; otro aplaza por cuatro años el desmonte gradual del 4 x 1.000; un tercero introduce medidas de saneamiento de capitales sin declarar en el extranjero, y un cuarto incrementa las sanciones contra la evasión.
