El régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes tiene barreras que impiden más aprovechamiento. 

La Corte dice que acudir a un proceso ejecutivo no es un criterio diferencial entre los acreedores de un trámite de insolvencia.

A diferencia de lo que sucede con las empresas que saben que tienen la puerta abierta para declararse en insolvencia cuando las acreencias y las crisis financieras las llevan a dificultades, las personas naturales no comerciantes tienen la misma oportunidad pero, por varias razones, la figura no ha tomado fuerza.

Desde el 2013 y a febrero de este año, 3.800 personas naturales no comerciantes se han declarado insolventes. 

El dato resulta bajo si se tiene en cuenta como referente que 195.000 deudores en el país cumplen con las condiciones para declararse en esta situación, dice María Mercedes García, directora de la Fundación Liborio Mejía, teniendo en cuenta información de la Superintendencia Financiera.

Este mecanismo permite que las personas naturales no comerciantes, con al menos dos acreedores, con obligaciones incumplidas por al menos 90 días, o contra quien curse dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva se declaren en insolvencia. Las obligaciones en mora deben ser de al menos el 50% del total de los pasivos. 

Respecto al monto de las acreencias, los datos del Ministerio de Justicia, indican que en los 3.800 casos estos suman $733.687 millones. 

García, quien ha estudiado el tema y promueve que haya más divulgación para el aprovechamiento de esta figura, sostiene que varios factores inciden para que no tenga mayor alcance en el país.

A su juicio, solucionar esto sería crucial para evitar que la gente se desespere, desestabilice su vida laboral y familiar, y acuda al ilegal ‘gota gota’ que, más que una solución, agrava el dolor de cabeza de quienes están altamente endeudados.

Teniendo en cuenta los datos oficiales, García señala que en seis años que lleva en funcionamiento la Ley, se han registrado casos de insolvencia en 19 ciudades y municipios, de los 1.101 que hay en el país. Estos se concentran en Bogotá (39%), Cali (32,14%), Medellín (6,42%), Barranquilla (6,26%), Cúcuta (6,08%), Valledupar (3,17%) y Villavicencio (1,85%). 

“Estas cifras, no solo muestran que existen más deudores en estas ciudades, sino que también son evidencia de la falta de difusión y de acceso efectivo de los colombianos a este mecanismo, en la mayor parte del territorio nacional”.

García, quien también preside la Federación Colombiana de Centros de Conciliación, señala que la Ley contempla que las personas se pueden declarar en insolvencia únicamente en el lugar de su domicilio, a través de centros de conciliación expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, o de notarías. 

Es decir que la concentración de casos no obedecen solo a una mayor demanda, sino que en esos lugares es en donde existe la oferta del servicio. 

En la práctica, la reglamentación ha impedido que las personas accedan a este, debido a que solo 51 de los 400 centros de conciliación del país cuentan con el aval para realizar trámites de insolvencia. 

Estos sitios no alcanzan a cubrir el 3% del territorio nacional. Al menos 11 departamentos del país no cuentan con acceso a este mecanismo de administración de justicia. 

Y si bien las 877 notarías colombianas están autorizadas para realizar este trámite, solo el 10% del total de los casos de insolvencia se han adelantado en una notaría, probablemente por la complejidad que tienen estos procesos frente a su actividad principal. Con esta función han operado únicamente en grandes ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. 

El pasado 16 y 17 de mayo se llevó a cabo en Santa Marta el V Congreso de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante en donde expertos de todo el país se reunieron para analizar la situación del mecanismo.

Para María Mercedes García una de las conclusiones del evento es que “un real fortalecimiento de la figura implica la difusión, la articulación institucional, la responsabilidad de las entidades de crédito, la educación financiera y la oferta de servicios con estándares de calidad”.

PERDER EL MIEDO

Andrea Troncoso, abogada especializada en derecho comercial y financiero, trabaja con centros de conciliación autorizados por ley para llevar trámites de insolvencia a personas naturales que no son comerciantes. En la práctica, dice, este proceso ayuda al empleado o al trabajador independiente que se siente ‘ahogado’ con las deudas.

También afirma que antes de llegar a una situación de insolvencia, la persona previamente pasó por un sobreendeudamiento. 

Añade que gestionar el trámite de insolvencia permite que las personas puedan reestructurar sus acreencias con bancos y personas naturales ya sea un prestamista, un familiar o un vecino.

“Cualquier deuda se lleva a una negociación con el fin de evitar que esas personas que han luchado durante su vida por tener sus bienes, se puedan blindar y protegerlos y no lleguen a manos de terceros”, explica. Para Troncoso, existen muchos temores sobre las implicaciones de declararse insolventes.

“Insolventarse es demostrar la voluntad de hacer los pagos, teniendo en cuenta que la situación económica no es la misma que cuando adquirió las obligaciones por razones que pueden ser ajenas a su voluntad como un divorcio o el paso a otro empleo, situaciones que pueden generar menos ingresos. El insolvente no es un delincuente”, insiste.

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