Con un proyecto de ley que ya tuvo su primer debate en el Senado busca modificar la Ley 1216 de 2008 relacionada con el derecho de habeas data y el manejo de información financiera.
Las centrales de riesgo son el ‘coco’ de muchos usuarios del sistema financiero. Las personas que han intentado obtener un crédito y no se los han dado, dicen que fue por estar reportados en Datacrédito y TransUnion, los dos burós de crédito que hoy están presenten en el país. Sin embargo, un concepto de la Superintendencia Financiera ya ha manifestado que los bancos deben tener en cuenta otras vías de información para dar su concepto negativo para un crédito y el estar reportado en centrales de riesgo no puede ser el único motivo.
De todos modos, con las centrales crediticias pasa lo mismo que el ‘viejo chifonier’ que la familia hereda de la abuelita, cuando esta pasa a mejor vida. Es el mueble que nadie quiere pero como lo dejó la abuelita ‘pues toca guardarlo y tenerlo ahí’. En otras palabras, este es un servicio que se presta al sistema financiero. Hay que reconocer que sin centrales, los bancos no tendrían elementos suficientes para prestar dinero, ya que no tendrían el historial crediticio de la persona o la empresa que pide crédito. Y las personas, al no tener un lugar donde se registre la información de sus consumos, no tendrían cómo demostrar sus hábitos de pago.
Claro, también ha habido polémica por personas que por estar en mora con $300 han quedado con esa mancha en la hoja de vida financiera y se les ha negado la posibilidad de un préstamo. Ese reporte negativo anteriormente se guardaba por más de 8 años, pero la Ley modificó ese término y lo fijó en 4 años. Hoy un proyecto de autoría de los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal y David Barguil, del Partido Conservador, entre otros, busca recortar esa vigencia.
Según la iniciativa parlamentaria, la información negativa, es decir, aquellos datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será igual al tiempo de mora, máximo dos (2) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.
La información considerada positiva tendrá una vigencia indefinida en los bancos de datos de operadores de información (Datacrédito y Cifin). En caso que el moroso no se presente a cancelar sus obligaciones, el dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, caducarán una vez cumplido el término de cinco (5) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación, cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos. Lo anterior, toda vez que no se hayan iniciado acciones de cobro judicial, caso en el cual el dato caducará de inmediato una vez terminado el proceso.
De acuerdo a la iniciativa, en las obligaciones inferiores o iguales al 20% de un salario mínimo legal mensual vigente (equivalentes en 2018 a $156.248), el dato negativo será suprimido de inmediato una vez sea extinguida la obligación.
El proyecto también establece un procedimiento para el caso de una presunta suplantación, es decir, donde el titular del dato haya sido víctima de delincuentes que usaron su identidad. En el caso que el titular sea víctima del delito de Falsedad Personal contemplado en el Código Penal, y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de la que es víctima, deberá presentar denuncia ante autoridad competente y elevar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes.
La fuente deberá cotejar los documentos utilizados para adquirir las obligaciones, con los documentos allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad, la fuente deberá denunciar el delito de estafa del que ha sido víctima.
Con la solicitud debidamente sustentada por el titular, el dato negativo, récord (Scorings- Score) y cualquier otro dato que refleje el comportamiento del titular, deberán ser modificados por la fuente reflejando que la víctima de falsedad no es quien adquirió las obligaciones, y se incluirá una leyenda dentro del registro personal que diga -Víctima de Falsedad Personal-.
Los reparos a la idea de estar reportado menos tiempo
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) reprobó el proyecto al que calificó como una muestra de de bajo entendimiento sobre la forma en que operan los mercados financieros-crediticios a nivel global. El centro de estudios económicos manifestó que esta es otra propuesta populista como otras que ha habido en el pasado: forzar la reducción de los costes transaccionales, obligar a prestar servicios financieros de manera gratuita y ‘bajar a los sombrerazos’ la tasa tope de usura.
Más recientemente, el debate ha virado hacia el rol que cumplen las Centrales de Riesgo en el sistema financiero. Hoy hace tránsito en el Congreso un Proyecto de Ley que, bajo el pretexto de mayor protección de datos en la Ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012), busca debilitar la calidad de los reportes que generan dichas CR en Colombia (Datacrédito y Cifin).
Recordemos que la regulación actual establece la generación de un reporte negativo en las centrales de riesgo 20 días después del impago de una obligación crediticia por parte del deudor. Dicho registro negativo permanecerá en las CR por el doble del tiempo de mora del cliente, contado a partir de la fecha de pago (en casos de períodos de mora inferiores a dos años).
“Estos “cantos de sirena” de populismo crediticio pueden sonar bien en la coyuntura actual de elevado crispamiento político. Pero, la verdad, dichas medidas arriesgan con dar al traste con los logros de inclusión financiera de los últimos años”, informó ANIF.
Para dicha entidad, no debe olvidarse que la tarea de las CR es evitar problemas de selección adversa en el mercado de crédito bancario, buscando mantener las tasas de interés en niveles “razonablemente bajos”. En otras palabras, mediante ese mejor conocimiento del comportamiento crediticio de potenciales clientes, se evitan incrementos generalizados en las tasas de interés (al no tener las entidades financieras modo alguno para discernir entre “buenos” y “malos” deudores).
Por último agregó que esto también podría implicar mayores palos en la rueda en el canal de transmisión crediticia de la política monetaria, por cuenta de un menor dinamismo en los mecanismos de recompra de cartera, particularmente relevantes dado el bajo calado actual de swaps (comparación) de tasa de interés que le permitan a hogares endeudados convertir sus obligaciones financieras de tasa fija a variable.
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