La mayor lección que el escándalo de InterBolsa debe dejar es que el delito no paga y que quienes se atrevan a seguir ese camino están expuestos a grandes penas de cárcel. Pero parece que este no va a ser el caso.
La condena de un juez a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz es un antecedente preocupante de cara a otros escándalos como los de libranzas y pirámides.
Hace unos días, el Juez 48 Penal del Circuito condenó a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz, dos de los cerebros del escándalo de InterBolsa, a cinco años y nueve meses de prisión, con una multa de cien salarios mínimos legales y el beneficio de tener casa por cárcel por los cargos de “estafa agravada y masiva, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios y concierto para delinquir”.
La decisión ha generado diversas reacciones y profunda indignación. La precariedad de la sanción de este tipo de delitos económicos contrasta con aquellos más frecuentes como el hurto. Uno de los casos recientes es la condena a 12 años de prisión a una persona por el robo de una bicicleta, mientras en el caso de Jaramillo y Ortiz hay una estafa masiva de más de $400.000 millones, según las víctimas, y más de mil personas defraudadas.
La decisión va en contravía de las que se han tomado en otros países en casos de corrupción y captación de dinero. Uno de los referentes es la condena a 150 años a Bernard Madoff, que defraudó por más de dos décadas a centenares de inversionistas. El castigo fue un simbolismo en esos años de creatividad financiera y promesas de grandes rentabilidades. “Debe enviarse el mensaje de que este tipo de manipulación del sistema no es un crimen de guante blanco que se queda sobre el papel, sino uno que conlleva fuertes penas”, dijo el juez en su momento.
Sin embargo, en Colombia, esta reciente decisión está lejos de ser ejemplarizante y disuasoria. Hay un mensaje equivocado a la sociedad en el sentido de que el delito del delincuente de ‘cuello blanco’ sí paga y el del delincuente común no, porque los jueces son más duros en un caso que en el otro. “Son penas benignas. Lamentablemente los jueces no están aplicando los estándares de pena que sean proporcionales al daño causado”, ha advertido Francisco José Sintura, abogado de las víctimas de InterBolsa y exvicefiscal de la Nación.
En ese sentido, las rebajas de pena que la ley concede son excesivas, pero también las interpretaciones de los jueces. Por ejemplo, en este caso, por la aceptación de cargos el juez concedió el máximo de rebaja que la ley permitía; es decir, la rebaja pudo haber sido de un porcentaje menor a 50% de la pena total –que fue la que se dio–, aceptando que ellos reconocieron cargos.
Además, ni Tomás Jaramillo ni Juan Carlos Ortiz quisieron devolver de su propio patrimonio recursos para compensar a las víctimas, ni manifestaron su voluntad de repararlas. Si bien la liquidación del Fondo Premium generará unos recursos para cubrir una parte del capital, no alcanzarán para atender los intereses y el costo de oportunidad del dinero.
También sorprende la poca agilidad de las autoridades judiciales y de vigilancia: en recientes foros en donde se están analizando los efectos de la corrupción, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han advertido la precariedad de las penas para Jaramillo y Ortiz. Sin embargo, sus acciones frente al caso no corresponden a las declaraciones en los medios: la Fiscalía no apeló la condena, mientras la Procuraduría lo hizo varios días después de conocerse el fallo. De hecho, algunos abogados consideran que este pronunciamiento es extemporáneo.
La última reflexión es que no se puede olvidar el daño que el caso InterBolsa le hizo, no solo a los centenares de inversionistas, sino al mercado de valores. La manipulación de las acciones de Fabricato y de los recursos para impulsar artificialmente la acción derivaron en una pérdida de confianza del mercado, golpearon la credibilidad de muchos de los comisionistas y afectaron el nivel general del precio de la renta variable en Colombia.
Lo que se ha venido advirtiendo en estos casos de delincuencia técnica especializada es que, más allá de requerir unos conocimientos importantes en materia económica y financiera, muchos de quienes participan en ellos tienen un gran arraigo en círculos de poder en la sociedad y han tenido posibilidades de formación de alta calidad –dentro y fuera del país–. Pero, lamentablemente, tanto las relaciones como la capacitación se usan para fines non sanctos.
Esta decisión es un antecedente preocupante de cara a otros escándalos que por captación de recursos estallaron recientemente, en particular en casos como los de las libranzas, las pirámides y otros mecanismos donde los ofrecimientos de altas tasas para las inversiones se convierten en riesgos gigantescos. Pero también en la tormenta que se ha desatado frente a los hechos de corrupción denunciados recientemente en el sector de infraestructura, con el protagonismo de Odebrecht.
La mayor lección que el escándalo de InterBolsa debe dejar es que el delito no paga y que quienes se atrevan a seguir ese camino están expuestos a grandes penas de cárcel. Pero parece que este no va a ser el caso.
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