Si Colombia quiere ser un país más moderno y que el progreso llegue a todos los rincones, tendrá que remover los obstáculos que impiden la realización de grandes obras y ahuyentan a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Un fallo de la Corte Constitucional, por un reclamo de comunidades, ordenó suspender obras en el gasoducto Loop San Mateo– Mamonal, que sacará el gas del sur de los departamentos de Sucre y Bolívar.
El tramo 2 del proyecto vial que conecta el centro con el norte del país, enfrenta líos ambientales y por la aparición de comunidades reclamantes.
La mina de oro subterránea más grande de la región, de la canadiense Continental Gold, ubicada en Buriticá (Antioquia), no ha logrado la licencia ambiental que necesita, mientras tanto la minería ilegal se atraganta con la explotación ilícita en su terreno.
EN LA CRESTA DE LA OLA El petróleo llegó a representar el 60 por ciento de las exportaciones y bajó al 30 por ciento. RECURSOS NECESARIOS Los aportes del sector petrolero al país y a las regiones son fundamentales. Las regalías han permitido financiar muchas obras. Estos ingresos se han caído por la crisis del petróleo. Las obras de una carretera, pensada para facilitar la entrada al sitio de presa, fueron suspendidas por una decisión de la Anla. Temen retrasos en esta importante central hidroeléctrica.
El proyecto Córdoba-Sucre sufrió una parálisis por la decisión de un tribunal que le dio la razón a una comunidad que apareció de la noche a la mañana en el tramo Sincelejo-Toluviejo. En la foto se ve cómo antes no existían las casas y desde hace un año ya van cinco.
La restricción a la operación del ferrocarril, que duró ocho meses y que ya fue levantada, causó un enorme impacto, pues afectó las exportaciones de carbón y en su momento redujo en un 25 por ciento la capacidad de transporte.
Cuando Ecopetrol reinició la perforación en pozos en el Meta, se armó la de Troya. Protestas derivaron en actos vandálicos, con incendios y derrame de crudo.
Es innegable que Colombia ha hecho importantes avances en materia económica y social en los últimos 15 años. El producto interno bruto es el doble que el de 2002; el ingreso per cápita ha crecidomás del 50 por ciento; las exportaciones pasaron de 12.000 millones de dólares a más de 50.000 millones; la inversión extranjera directa subió de 2.000 millones de dólares al año a un promedio anual de 15.000 millones, y la pobreza bajó de 50 a 27,8 por ciento, entre muchas otras variables.
Pero a ese gran despegue económico de los últimos años se le están empezando a apagar las turbinas. El golpe a las finanzas públicas por la caída en los precios del petróleo abrió el telón de una realidad muy compleja: las grandes apuestas para el desarrollo del país y, sobre todo, los proyectos estratégicos para integrar el territorio y financiar el posconflicto están enredados.
Una combinación de abuso de la figura de las consultas previas con las comunidades; de fallos judiciales adversos –en particular de la Corte Constitucional– donde se ve la inversión privada como una amenaza; de demoras kafkianas en el otorgamiento de licencias ambientales y de una descoordinación de las entidades del Estado han hecho que muchos sectores empresariales estén pasando de la preocupación a la decepción.
El ambiente para invertir se ha enrarecido. Hay desánimo y existe la sensación, en sectores como la infraestructura y el agropecuario, de que hay demasiados obstáculos en el camino, para no hablar de actividades como la minería y los hidrocarburos, donde la situación es mucho más crítica. En este sector se han generado delicadas tensiones sociales, en distintas regiones, que tienen en vilo la principal fuente de ingreso del país. Muchos empresarios e inversionistas están aterrados y sienten que Colombia está entrando en un callejón muy peligroso que tendrá graves consecuencias a futuro.
Abusos de consultas previas
El mecanismo de las consultas previas, existente en Colombia desde la Constitución de 1991, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sector privado. A pesar de lo loable de la figura, que busca involucrar a las comunidades en los proyectos que las impactan, el tema se desbordó.
En distintas partes del territorio nacional han surgido asesores que cobran millones de pesos por intermediar entre las comunidades y las empresas y han convertido este mecanismo en un negocio y en un chantaje para los inversionistas que, muchas veces, caen en la trampa y pagan para acelerar los procesos. En otro hecho insólito, algunas comunidades han surgido de la noche a la mañana cuando las obras están en plena marcha y ya cumplieron los trámites legales ante las autoridades. E incluso, cuando el Ministerio del Interior ha verificado y certificado cuáles son las comunidades objeto de las consultas. Como si fuera poco, las peticiones de estas son, en algunos casos, desmedidas. Más parecen buscar llenar los vacíos históricos que ha dejado el Estado en materia de salud y educación que requerimientos y mitigaciones asociados con el impacto de los proyectos.
De los problemas con las comunidades pocos se escapan. Para la muestra, la Ruta del Sol, la vía más importante del país que conectará al centro con la costa Atlántica, no se ha escapado de los tropiezos con las comunidades. En el tramo de 528 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), la situación es tan compleja que llevó al consorcio Consol a demandar a la Nación por 700.000 millones de pesos por los problemas con las comunidades y los líos en las compras de predios. El tramo 3, entre San Roque (Cesar) y la Y de Ciénaga (Magdalena) también ha tenido problemas con las comunidades indígenas y los afrodescendientes.
Otro típico ejemplo de dificultades y tropiezos es la represa de El Quimbo, que costó 1.000 millones de dólares. Transcurrieron tres años antes de obtener la licencia ambiental. Comenzó en 2011 y tutelas, acciones populares y marchas en su contra acompañaron toda la obra y generaron retrasos y costos adicionales. Después de muchos tropiezos, al final del año pasado, cuando ya estaba lista, Engesa, dueña de la hidroeléctrica, se vio obligada a suspender la generación ante un fallo de la Corte Constitucional que dictaminó que el Quimbo no podía operar hasta que se solucionaron problemas medioambientales.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvo que enfrentar otro caso emblemático de problemas con las comunidades cuando quiso construir la represa Porce IV. Un aumento inu-sitado de los habitantes que deberían vender sus terrenos en Amalfi y Anorí (Antioquia) llevó a EPM a suspender definitivamente este proyecto, que en 2007 costaba unos 800 millones de dólares. En 2006, 2.799 personas habitaban el caño del río Porce de manera permanente y temporal, pero en 2008, cuando se presentó la primera opción de compra, la población sorprendentemente creció a 8.500 personas, un aumento del 204 por ciento. Este era uno de los megaproyectos de generación de energía más importantes de los últimos años. Según los cálculos debería haber estado listo en 2018.
O el caso del Puerto de Agua Dulce en Buenaventura donde las empresas de puertos y carga más importantes del mundo han invertido más de 500 millones de dólares en una obra que ha tardado nueve años, cuando el promedio en el resto del mundo no supera los tres. Más allá del viacrucis jurídico-político-territorial que han tenido que enfrentar, los inversionistas asiáticos dijeron, ante lo increíble que podía ocurrir en este país, que entendían por qué el colombiano Gabriel García Márquez había inventado el realismo mágico.
Ante el desorden en que se han convertido las consultas previas y las dificultades que surgen a diario con las comunidades, los inversionistas piden a gritos reglamentar esta figura para que no se paralicen o retrasen los proyectos, como viene ocurriendo hace varios años.
Nadie pretende que se eliminen, pero hay muchas propuestas sobre la mesa para tratar de corregir el rumbo de las consultas. Está, por ejemplo, el estudio de la Fundación Ford que plantea que el Estado deje de ser un convidado de piedra para que se involucre en el proceso de búsqueda de acuerdos entre las comunidades y los inversionistas (las empresas).
Para agilizar y destrabar las obras cuando las comunidades, por ejemplo, no van a las audiencias, el exministro Juan Camilo Restrepo propuso hace algún tiempo usar internet como plataforma para que todos los involucrados se informen y hagan sus planteamientos por la red con plazos límites, que podrían ser de 90 días, para cerrar los casos. En su momento a la propuesta le cayeron rayos y centellas.
Se sabe que el Ministerio del Interior tiene listo un proyecto de ley para reglamentar las consultas, pero tiene que someterse, a su vez, a la consulta de las mismas comunidades. Fuentes de esta cartera indicaron que están buscando los fondos, unos 12.000 millones de pesos, requeridos para adelantar esta etapa, que implica recorrer medio país.
Los empresarios reconocen que el actual gobierno agilizó el tema de las consultas previas al crear, en 2011, una división a cargo del tema en el Ministerio del Interior. Hoy los procesos demoran entre cuatro y seis meses, lo que los han hecho más ágiles. Desde 2003, se han realizado en el país 5.200 consultas, de las cuales 4.600 en este gobierno.
Fallos controvertidos
Ahora bien, la preocupación por el tema de las consultas previas va más allá. Basados en estas, se vienen presentando fallos de tribunales que les dan la razón a comunidades reclamantes a destiempo o que nunca existieron, y ordenan suspender los proyectos, algunos ya avanzados, con el consecuente impacto para las empresas y para las economías locales.
Inversionistas señalan que si bien los jueces de la República sustentan sus decisiones con argumentos constitucionales, es decir, para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en muchos casos están desconociendo la realidad de lo que sucede en las regiones. Afirman que nadie pretende vulnerar a las comunidades, pero sostienen que si los jueces revisaran más detalladamente, podrían probar que muchas comunidades que reclaman nunca estuvieron en el momento de las obras y aparecieron en un abrir y cerrar de ojos para beneficiarse a última hora de los proyectos. Hay varios casos de esta naturaleza en los sectores minero, petrolero, de infraestructura y del gas, como acaba de ocurrir con el gasoducto de Promigás en el Caribe, que tendrá que parar para atender un fallo de la corte (ver recuadro).
El problema ahora es que, además del costo económico que implican las decisiones judiciales, por retrasos de obras e incumplimientos está creciendo la sensación de inestabilidad jurídica, algo profundamente dañino para una economía. El presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, afirma que además del retorno de la inversión, un elemento muy importante que un empresario evalúa en un país para desarrollar un proyecto, es la estabilidad en las reglas del juego y la confianza que generan las autoridades. Y evidentemente los recientes fallos judiciales precisamente están generando una gran incertidumbre en la materia. La jurisprudencia en la Corte Constitucional está ahuyentando a los inversionistas y marchitando los motores de desarrollo y generación de riqueza que van a ser esenciales para el posconflicto.
Los efectos generados por fallos de tutelas o sentencias sobre las concesiones de infraestructura del país también resultan muy costosos. Se traducen en retrocesos en los tiempos establecidos para desarrollar la concesión, desplazamiento de la inversión y mayores costos para el Estado al tener que adicionar recursos económicos que no estaban apropiados para la concesión. Además se generan unas falsas expectativas económicas para las comunidades basadas en las sentencias favorables obtenidas por otras.
Para muchos, con sus decisiones los jueces están colegislando con el Congreso y saltándose las competencias legales que tienen otras autoridades, como sucede con el Ministerio del Interior en su autonomía para verificar cuáles son las comunidades que deben participar en las audiencias previas.
Ambiente enrarecido
Otros puntos que enredan los grandes proyectos tiene que ver con las demoras en las licencias ambientales, especialmente cuando se trata de las regiones. En los casos de la minería a pequeña escala, las corporaciones regionales otorgan las licencias, pero son constantes las quejas, no solo por las demoras en los trámites, sino por decisiones arbitrarias de estas entidades locales que han sido muy cuestionadas, por ser un nido de politiquería y corrupción.
La canadiense Continental Gold, que tiene título para explotar la mina subterránea más grande de América Latina en Buriticá, Antioquia, ha sentido en carne propia esta dificultad. Ha esperado infructuosamente durante más de dos años la licencia que solicitó a Corantioquia, pero papeles van y vienen, informes, documentos, nuevos estudios, y no ha logrado que esta autoridad regional expida la licencia para comenzar a trabajar. Por ello, la compañía se retiró de este proceso y decidió presentar un nuevo proyecto con estudios de detalle diferentes, que ahora le permiten actuar como minera de gran escala y en consecuencia solicitar la licencia, esta vez, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Pero mientras tanto, Continental Gold enfrenta un conflicto mayor derivado de la minería ilegal y las bandas criminales que se apoderan del área y extraen el oro de forma ilícita. La compañía ha invertido 200 millones de dólares en los últimos cinco años y ha interpuesto 280 amparos administrativos en año y medio ante la autoridad local para tratar de hacer valer sus derechos sobre el predio en donde está la mina. Pero tampoco ha tenido suerte.
Lo crítico es que al cerrarles las puertas a las empresas legales y organizadas, de alguna manera se le abre el camino a la informalidad y, aún peor, a la ilegalidad que aprovecha el desorden para hacer de las suyas.
Con relación a la competencia de las licencias, hay preocupación por otro fallo de la Corte Constitucional que afectó varias disposiciones jurídicas de los llamados Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines). Estos gozaban de varias reglas especiales para hacer más atractivo el interés de los inversionistas, como que las licencias ambientales ya no eran de competencia de las corporaciones autónomas regionales sino que se concentrarían en el gobierno, a través de la Anla. De alguna manera esto evitaría las resistencias de las regiones, y decisiones que podrían ser arbitrarias.
Sin embargo, la corte declaró inexequible esta parte de la ley. Es decir, nuevamente las cuestionadas corporaciones retomaron su poder para evaluar el impacto ambiental de los megaproyectos, y harán sentir su poder no siempre con intenciones muy santas.
En estos enredos de licencias otros se sienten maniatados. La Anla obligó a suspender temporalmente los trabajos de construcción de la carretera que comunica la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango con el municipio de Puerto Valdivia, en Antioquia. La preocupación ha escalado hasta la bancada parlamentaria del departamento, que en una carta firmada por senadores y representantes de la región le piden a la Anla levantar la suspensión, aduciendo que las causas que la motivaron están siendo mitigadas por los ejecutores del proyecto. “Retrasar la entrada en operación, además de los impactos negativos, económicos y sociales, pondría en riesgo el ingreso en los tiempos establecidos de los equipos electromecánicos para la hidroeléctrica que deberá estar generando en su primer etapa hacia el año 2018”, señalan los parlamentarios en la carta.
Además, en este asunto de las licencias, hay una clara muestra de falta de coordinación institucional. Esto se ha visto en el caso de la petrolera estadounidense Hupecol, que había recibido de la Anla licencia para explorar 150 pozos petroleros entre San Vicente del Caguán y La Macarena (Meta), a 67 kilómetros de Caño Cristales. Sin embargo, la misma autoridad ambiental revocó la licencia, lo que abrió la puerta a una batalla jurídica por parte de la compañía, si se tiene en cuenta que en los últimos años Hupecol había surtido un largo proceso para hacer esta actividad. En 2008 la Agencia Nacional de Hidrocarburos le concesionó dicho bloque para comenzar a explorar. Posteriormente, en 2011, la compañía comenzó a tramitar la licencia ambiental ante la Anla y Cormacarena e inició diálogos con las comunidades. Cinco años después, luego de haber realizado inversiones millonarias, el gobierno les revocó la autorización.
¿Y del petróleo qué?
Un asunto no menos grave es la férrea oposición, en una parte del territorio nacional, a todo lo que huela a petróleo. La situación es preocupante por el impacto económico y social que tiene este rechazo.
Ecopetrol vivió la semana pasada en carne propia una protesta comunitaria en el Meta que terminó en sabotajes, amenazas y terrorismo. Después de casi medio año de parálisis de la actividad de perforación, por los bajos precios del petróleo, Ecopetrol logró reactivar esta tarea y renegociar contratos, a menores costos, con Nabors e Independence, dos empresas perforadoras muy reconocidas en el mundo.
La petrolera puso a operar cinco taladros en el Meta, en Acacías y Castilla La Nueva, para perforar pozos con la idea de sacar crudo, ahora que el precio ha subido moderadamente. Pues bien, allá se armó la de Troya por una protesta de las comunidades.
Lo que inicialmente se presentó como un cese de actividades de los trabajadores de dos empresas contratadas para operar los cinco taladros, se transformó en menos de una semana en actos de terrorismo, amenazas con arma de fuego a los trabajadores, ataques a miembros de la fuerza pública, sabotajes a pozos, derrames de crudo y, en general, enfrentamientos con bombas molotov y artefactos explosivos manipulados y lanzados por encapuchados extraños a las comunidades locales.
El balance reportado por Ecopetrol y las autoridades es desolador. Encapuchados atacaron la infraestructura eléctrica y dejaron fuera de servicio 53 pozos. Se presentaron sabotajes en equipos y manipulación indebida de válvulas, lo que ocasionó daños al medioambiente por derrames de crudo.
Por fortuna la situación se resolvió, pero como dicen analistas, estos hechos no se justifican justo cuando Ecopetrol es prácticamente la única compañía del sector que está haciendo perforación en Colombia y el país necesita los ingresos petroleros.
Lo grave es que las acciones contra proyectos mineros y petroleros, desde marchas, paros, bloqueos y huelgas, se han vuelto el pan de cada día en Colombia. La resistencia en ocasiones de ambientalistas radicales está generando un ambiente hostil contra esta industria. La situación ha llevado hasta que nazcan mafias que controlan las listas de las personas que pueden trabajar en los proyectos de las regiones.
En este ambiente adverso al sector, cabe resaltar el caso de Ibagué, capital donde se ha propuesto una consulta popular para que la comunidad se pronuncie sobre la minería en la región. La comunidad espera que el Tribunal Administrativo del Tolima se pronuncie acerca de dicha consulta propuesta por organizaciones ciudadanas, aprobada por el Concejo y avalada por el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo. Los ibaguereños y activistas ambientales han realizado marchas con la consigna ‘No a la megaminería’.
Un gran acuerdo
Este rechazo por los hidrocarburos, contrasta con el impacto que este sector ha dejado en la inversión social de las regiones de todo el país. Muchos de los logros en materia económica y social, alcanzados en los últimos 15 años, se deben en gran parte a la inversión que ha llegado a la industria petrolera y minera. El país ha podido contar con recursos importantes para desarrollar obras en las regiones y para hacer inversión social.
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2012 y 2015, el recaudo de regalías ascendió a 35,1 billones de pesos, de los cuales 28,5 billones provienen de la explotación de hidrocarburos (81 por ciento) y 6,6 billones de la explotación de minerales (19 por ciento). Las regalías han representado importantes inversiones. En los últimos tres años se han aprobado cerca de 10.000 proyectos por 29,2 billones de pesos. Los aportes de la industria petrolera a las regiones han sido fundamentales. Antes del boom de precios del crudo, en el sector de inclusión social y vivienda se gastaban alrededor de 5 billones de pesos. Hoy se invierten 15 billones. La sola Ecopetrol, en la última década, le ha aportado a la Nación, entre regalías, dividendos e impuestos, 209 billones de pesos.
Ante la situación actual, muchas voces afirman que llegó la hora de hacer una gran cruzada nacional para desestigmatizar el desarrollo en los territorios. Es necesario empezar a buscar acuerdos sobre el país que se quiere construir, sobre todo cuando reemplazar los ingresos del petróleo y la minería va a ser muy difícil. La apuesta del agro es indispensable pero es mucho menos rentable, es de largo plazo y tiene que ver con un tema sensible y complejo en Colombia: la tierra. Y en otros sectores el país ha demostrado una enorme dificultad para mejorar su productividad –por ejemplo en las exportaciones–, por lo cual hay que preguntarse dónde va a generar la riqueza que dejará de percibir vía petróleo. Lo peor es que, como van las cosas, Colombia puede pasar a convertirse en un país importador de crudo a la vuelta de cinco años. Y entonces las consecuencias serían aún más graves.
En este escenario, una de las principales oportunidades es mirar el desarrollo sostenible de una manera integral. Esto significa sentar en la misma mesa a los empresarios que adelantan proyectos, a las comunidades y a los ambientalistas. El reto hacia adelante es lograr que puedan convivir las diferentes actividades que le generan empleo, ingresos y desarrollo al país y a los territorios así como el respeto por el medioambiente y las comunidades.
Con un escenario cada vez más cercano al posconflicto, viene un nuevo desafío para Colombia que incluye a las comunidades, al sector privado, a las entidades del gobierno, a los alcaldes, a los gobernadores, entre otros actores. Nadie pretende que en un país democrático, pluriétnico y multicultural no haya diferencias. Pero si la sociedad colombiana no empieza a hacer grandes acuerdos en torno a qué desarrollo sostenible quiere, se acerca lentamente al abismo.
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