El título del libro publicado hace casi tres décadas por Carlos Lemos describe sin lugar a duda a nuestro amañado sistema tributario.
por Camilo E. Ramírez Baquero
Comienzan a ser divulgadas algunas conclusiones preliminares de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, creada por la última reforma tributaria y conformada por miembros designados por el Gobierno Nacional para proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a hacer el sistema tributario colombiano más equitativo y eficiente.
En el primer reporte publicado el pasado 4 de junio en la página web de la Comisión, se hace una valoración del sistema y un diagnostico del mismo, el cual seguramente en próximos reportes vendrá a justificar las recomendaciones de la Comisión para una reforma estructural.
En este primer diagnóstico la Comisión concluye que “El esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo, además de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”, lo cual deriva de su evaluación de múltiples síntomas que revelan la perversidad de nuestra tributación.
Para entender porqué un país con altas tasas de tributación tiene un recaudo insuficiente para atender sus gastos, debe considerarse primero lo excesivo del gasto, no solo por la coyuntura de orden público (que dejó de ser coyuntural hace más de tres décadas) que implicó el crecimiento desproporcionado del asignado a seguridad, sino el desbordamiento de las obligaciones asignadas por la Constitución al Estado Social de Derecho producto de las interpretaciones de la Corte Constitucional y la misma ley, en materia de seguridad social en salud y pensiones, protección de derechos colectivos y de las minorías menos favorecidas.
La asunción de esas obligaciones si bien es loable desde toda perspectiva proteccionista, jamás consultó la existencia de recursos para el efecto, pasando por alto que todo derecho tiene un costo y que no basta con reconocerlo si no existe capacidad para hacerlo exigible.
Ello llevó en consecuencia a nuevos tributos temporales para atender la coyuntura y que se hicieron permanentes por la facilidad de los Gobiernos de turno para proponerlo así al Congreso y obtener su aprobación sin casi ninguna oposición política.
De otro lado, la existencia de altas tasas de tributación no supone altos recaudos si en la base del impuesto existen múltiples beneficios que lo reducen selectivamente, es decir, no a todos los contribuyentes, sino únicamente a aquellos con capacidad de cabildeo suficiente para asegurar tales beneficios.
Así, el sistema tributario colombiano grava de manera diferente a personas con la misma capacidad de contribuir, es inequitativo porque desconoce la capacidad de contribuir de los contribuyentes y regresivo pues permite que quienes más tienen son eventualmente los que menos pagan impuestos; es ineficiente, incomprensible y complejo, al punto que hace imposible cumplir con obligaciones como las de declarar o entregar información sin la inversión de recursos a los que pocos tienen acceso; es altamente intervencionista pues limita y hasta castiga, sin atender política alguna de carácter macroeconómico, las decisiones de inversión y el ahorro privado; e impide la planeación de cualquier sector o actividad a más de dos años. De otro lado, el conjunto de tributos a nivel nacional y de entidades territoriales es deshilvanado y no consulta ni obedece a una política de Estado.
Del anotado diagnóstico la Comisión indica como motivación la de “introducir una reforma tributaria estructural guiada por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical, eficiencia económica y eficiencia administrativa”, que debe aclararse es el deber ser ya previsto en la Constitución Política y además el interés de cualquier Nación.
Resulta interesante como la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español en su reporte sobre la materia presentado en Febrero de 2014, diagnostica, en medio de realidades económicas muy diferentes y enmarcadas en la crisis presupuestal española, cómo la consolidación fiscal se concentraría esencialmente en el recorte del gasto público, buscando una reforma tributaria que se oriente a satisfacer principios equivalentes a los que motivan nuestra Comisión de Expertos.
El verdadero obstáculo para formalizar dicha motivación en Colombia deriva de un sistema político que no da garantía alguna de que el Congreso cumpla su papel de limitar al poder ejecutivo recortándole los recursos que emplea para además de atender las actividades propias del Estado, hacer lo que puede denominarse gasto político o electoral.
Si bien es de esperarse que la Comisión de Expertos en sus recomendaciones de en el clavo de buscar una real coherencia a todo nivel, nada impide que los intereses de las colchadas políticas regionales en el Congreso se sumen a los de un fuerte poder presidencialista para evitar que, al final, se reduzcan los ingresos tributarios así deba mantenerse una sistema impositivo injusto y que no consulta los intereses de los ciudadanos representados por ellos.
Paradójicamente con las dos últimas reformas tributarias se logró algo insospechado: desviar la inversión extranjera hacia otras jurisdicciones sin tanta complejidad y mayor atractivo y, con el pretexto de hacer justo el sistema impositivo, desincentivar el ahorro privado y la capitalización empresarial. No queda duda que un Estado que sólo atiende el propósito fiscal de incrementar sus ingresos sin cuidar el gasto, que desatiende el efecto de los nuevos tributos en la marcha de la economía, que cambia las reglas del juego aun por encima de los acuerdos de estabilidad tributaria suscritos, es un Estado abusivo y ladrón. ¿Con qué cara puede este Estado exigir un comportamiento ético de sus contribuyentes?
Aunque el origen del sistema de representación política tuvo su origen precisamente por motivos tributarios, buscando impedir los abusos del monarca al imponer tributos exagerados a sus súbditos, el principio fundamental de que no existe tributación sin representación ha sido superado en Colombia dada la “coyuntura” por el de que no existe tributación sin mermelada, pero no para todos. La Comisión de Expertos dará una guía pero será de cargo de nuestros representantes hacer honor a dicha denominación impidiendo que los abusos del Estado acaben con el sector productivo y la inversión.
En el primer reporte publicado el pasado 4 de junio en la página web de la Comisión, se hace una valoración del sistema y un diagnostico del mismo, el cual seguramente en próximos reportes vendrá a justificar las recomendaciones de la Comisión para una reforma estructural.
En este primer diagnóstico la Comisión concluye que “El esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo, además de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”, lo cual deriva de su evaluación de múltiples síntomas que revelan la perversidad de nuestra tributación.
Para entender porqué un país con altas tasas de tributación tiene un recaudo insuficiente para atender sus gastos, debe considerarse primero lo excesivo del gasto, no solo por la coyuntura de orden público (que dejó de ser coyuntural hace más de tres décadas) que implicó el crecimiento desproporcionado del asignado a seguridad, sino el desbordamiento de las obligaciones asignadas por la Constitución al Estado Social de Derecho producto de las interpretaciones de la Corte Constitucional y la misma ley, en materia de seguridad social en salud y pensiones, protección de derechos colectivos y de las minorías menos favorecidas.
La asunción de esas obligaciones si bien es loable desde toda perspectiva proteccionista, jamás consultó la existencia de recursos para el efecto, pasando por alto que todo derecho tiene un costo y que no basta con reconocerlo si no existe capacidad para hacerlo exigible.
Ello llevó en consecuencia a nuevos tributos temporales para atender la coyuntura y que se hicieron permanentes por la facilidad de los Gobiernos de turno para proponerlo así al Congreso y obtener su aprobación sin casi ninguna oposición política.
De otro lado, la existencia de altas tasas de tributación no supone altos recaudos si en la base del impuesto existen múltiples beneficios que lo reducen selectivamente, es decir, no a todos los contribuyentes, sino únicamente a aquellos con capacidad de cabildeo suficiente para asegurar tales beneficios.
Así, el sistema tributario colombiano grava de manera diferente a personas con la misma capacidad de contribuir, es inequitativo porque desconoce la capacidad de contribuir de los contribuyentes y regresivo pues permite que quienes más tienen son eventualmente los que menos pagan impuestos; es ineficiente, incomprensible y complejo, al punto que hace imposible cumplir con obligaciones como las de declarar o entregar información sin la inversión de recursos a los que pocos tienen acceso; es altamente intervencionista pues limita y hasta castiga, sin atender política alguna de carácter macroeconómico, las decisiones de inversión y el ahorro privado; e impide la planeación de cualquier sector o actividad a más de dos años. De otro lado, el conjunto de tributos a nivel nacional y de entidades territoriales es deshilvanado y no consulta ni obedece a una política de Estado.
Del anotado diagnóstico la Comisión indica como motivación la de “introducir una reforma tributaria estructural guiada por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical, eficiencia económica y eficiencia administrativa”, que debe aclararse es el deber ser ya previsto en la Constitución Política y además el interés de cualquier Nación.
Resulta interesante como la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español en su reporte sobre la materia presentado en Febrero de 2014, diagnostica, en medio de realidades económicas muy diferentes y enmarcadas en la crisis presupuestal española, cómo la consolidación fiscal se concentraría esencialmente en el recorte del gasto público, buscando una reforma tributaria que se oriente a satisfacer principios equivalentes a los que motivan nuestra Comisión de Expertos.
El verdadero obstáculo para formalizar dicha motivación en Colombia deriva de un sistema político que no da garantía alguna de que el Congreso cumpla su papel de limitar al poder ejecutivo recortándole los recursos que emplea para además de atender las actividades propias del Estado, hacer lo que puede denominarse gasto político o electoral.
Si bien es de esperarse que la Comisión de Expertos en sus recomendaciones de en el clavo de buscar una real coherencia a todo nivel, nada impide que los intereses de las colchadas políticas regionales en el Congreso se sumen a los de un fuerte poder presidencialista para evitar que, al final, se reduzcan los ingresos tributarios así deba mantenerse una sistema impositivo injusto y que no consulta los intereses de los ciudadanos representados por ellos.
Paradójicamente con las dos últimas reformas tributarias se logró algo insospechado: desviar la inversión extranjera hacia otras jurisdicciones sin tanta complejidad y mayor atractivo y, con el pretexto de hacer justo el sistema impositivo, desincentivar el ahorro privado y la capitalización empresarial. No queda duda que un Estado que sólo atiende el propósito fiscal de incrementar sus ingresos sin cuidar el gasto, que desatiende el efecto de los nuevos tributos en la marcha de la economía, que cambia las reglas del juego aun por encima de los acuerdos de estabilidad tributaria suscritos, es un Estado abusivo y ladrón. ¿Con qué cara puede este Estado exigir un comportamiento ético de sus contribuyentes?
Aunque el origen del sistema de representación política tuvo su origen precisamente por motivos tributarios, buscando impedir los abusos del monarca al imponer tributos exagerados a sus súbditos, el principio fundamental de que no existe tributación sin representación ha sido superado en Colombia dada la “coyuntura” por el de que no existe tributación sin mermelada, pero no para todos. La Comisión de Expertos dará una guía pero será de cargo de nuestros representantes hacer honor a dicha denominación impidiendo que los abusos del Estado acaben con el sector productivo y la inversión.
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